De la bodega del colectivo se extrajeron 598 paquetes de cigarrillos, 88 kilos de hojas de coca, 314 paquetes de marihuana con un peso de 343 kilos, y 18 ladrillos de cocaína con un peso 21 kilos.
A instancia de una investigación llevada adelante desde mediados de año por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, la jueza federal de Garantías N°2 Mariela Giménez dio por formalizada la investigación penal seguida por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en concurso real con encubrimiento de contrabando, contra un hombre y su hija, a quienes además dictó la prisión preventiva, luego de que fuera interceptado un colectivo en el que llevaban más de 340 kilos de marihuana y 21 kilos de cocaína, y mercadería de contrabando.
Las personas imputadas son César Oscar Campos y su hija Lucila, quienes quedaron imputados en grado de coautores de esos delitos. La magistrada dispuso que el hombre cumpla la detención en una unidad carcelaria federal, mientras que su hija lo hará bajo la modalidad de arresto domiciliario, dado que es madre de un niño.
En la misma audiencia, celebrada el jueves pasado, la jueza autorizó una serie de peritajes requeridos por la fiscalía y dispuso el levantamiento del secreto bancario de los acusados a fin de establecer su estado patrimonial.
El auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen y el Investigador Pablo Carraro presentaron el caso ante la jueza. Explicaron que la captura de los imputados fue como resultado de una investigación preliminar iniciada en junio pasado a partir de alertas que surgieron de intervenciones telefónicas llevadas adelante en el marco de otro legajo investigativo.
Agregaron que se inició un nuevo caso que tuvo a Campos y a otro implicado, que se encuentra prófugo, como los principales exponentes de una organización narcocriminal dedicada al acopio de droga en Orán, para su posterior traslado a distintos puntos del sur del país, en este caso a Tucumán.
A raíz de las tareas de campo e inteligencia llevadas a cabo con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el auxiliar fiscal repasó una serie de diálogos y mensajes, cuyos contenidos hacen referencia a maniobras de narcotráfico.
Describió que en uno de los diálogos se habla de problemas que tenía la organización para el traslado desde Jujuy a Orán de un cargamento de drogas. En ese contexto destacó un chat en el que Campos presumió de su estructura, pues adujo tener autos, camionetas, el colectivo y lanchas para la actividad ilícita; incluso mencionó que también tenía mercadería de contrabando de un tercero, que debía que trasladar, pero que no lo hacía porque había muchos controles de ruta. “Ni los coqueros están pasando”, adujo.
El escáner detecta la presencia de los paquetes en la bodega del colectivo. Foto: PSA
El auxiliar fiscal marcó que en los últimos días surgieron conversaciones que hacían referencia a una operación de tráfico que estaba por efectuarse y que Campos confirmó que sería el transportista y que el vehículo elegido era un colectivo.
El representante del MPF añadió que, en razón de ello, solicitó medidas a fin de neutralizar el accionar delictivo, para lo cual se monitoreó el trayecto del micro conducido por Campos, al menos, desde Pichanal hasta Metán, donde el vehículo fue detenido.
Describió que, cuando la policía requirió la documentación del colectivo durante el procedimiento, Campos -quien conducía- sostuvo que había salido de la localidad de El Galpón y que se dirigía a Rosario de la Frontera. El auxiliar fiscal marcó que ya se sabía que ese trayecto no era real.
El representante del MPF explicó que, cuando los policías le mostraron la orden judicial de requisa, Campos reveló que llevaba 300 kilos de marihuana y 18 de cocaína. Dentro del micro, se encontraron también diez cubiertas, ocho de ellas con las llantas, dispuestas sobre el pasillo.
Agregó que de la bodega se extrajeron 598 paquetes de cigarrillos, 88 kilos de hojas de coca, 314 paquetes de marihuana (equivalente a un peso de 343 kilos), y 18 ladrillos de cocaína con un peso 21 kilogramos.
En simultáneo, se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de otros implicados en localidades del norte provincial y fue detenida la hija de Campos, Lucila.
En la audiencia, la fiscalía marcó que la imputada estaba al tanto de la actividad ilícita de su padre y que participaba de manera activa con un rol clave dentro de la organización, pues alertaba sobre los controles de las fuerzas de seguridad en las distintas rutas de transporte.
El auxiliar fiscal narró que, como resultado de los procedimientos, se secuestraron distintos elementos de interés para el caso y se dispuso la captura de otros dos implicados: uno era proveedor de estupefacientes y el otro era el financista.
Tras describir en detalle el rol del conductor del colectivo y de su hija, el representante del MPF solicitó su prisión preventiva, dado el estado incipiente de la investigación, la naturaleza y la gravedad del hecho, como también la escala penal del delito imputado, cuyo mínimo previsto es de 6 años de prisión, con lo cual se anulan sus chances de acceder al beneficio de la prisión condicional.
En este contexto, el auxiliar fiscal también resaltó el latente riesgo de fuga y de entorpecimiento procesal, a la vez que citó la obligación del Estado nacional de cumplir con los compromisos adquiridos mediante tratados internacionales de lucha contra el narcotráfico.
La defensa, por su parte, no objetó las medidas de coerción. La jueza compartió los argumentos de la fiscalía, tanto respecto a la calificación como a la prisión preventiva, y accedió a todos los planteos realizados desde el MPF.
