Los delitos que le adjudica la justicia son contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario. Asimismo, le imputan el delito de malversación de caudales públicos, en función de que dispuso el uso de bienes públicos para el provecho personal.
Por el escándalo y aunque se encuentra haciendo uso de licencia, un proyecto presentado en la Cámara de Diputados pidió la intervención del Departamento Ejecutivo y será discutido en comisiones desde la semana próxima.
La iniciativa fue presentada este viernes por Guillermo Durand Cornejo y el oficialismo, con mayoría absoluta, definirá el futuro del proyecto, aunque, este jueves, el ministro de Gobierno sostuvo que están funcionando todos los resortes constitucionales, por lo que no habría necesidad de una intervención en el municipio.
