La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación penal por el delito de tráfico ilegal de personas seguida contra un ciudadano boliviano que fue detenido en la localidad de Rosario de la Frontera, cuando viajaba con dos adolescentes de 15 y 17 años supuestamente a su cargo, pero sin la documentación respaldatoria.
La acusación contra el imputado Benito Castro Cáceres fue requerida el 1° de este mes por la Fiscalía de Distrito en el marco de una investigación iniciada el 28 de septiembre pasado, a partir de un control realizado por personal de Gendarmería Nacional en la ruta 34, en la mencionada localidad del sur provincial.
Según lo relatado por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano en la audiencia de formalización de la investigación penal, Cáceres fue detenido tras detectarse irregularidades en la documentación de viaje respecto a los dos menores de edad -un varón de 17 años y su hermana de 15-, que viajaban a su cargo, quienes aportaron datos contradictorios con la versión dada por el acusado.
La representante del MPF explicó que todos habían salido de la ciudad de Aguas Blancas, en el departamento salteño de Orán, y se dirigían a la ciudad bonaerense de Mar del Plata, y que, si bien los adolescentes reconocieron que Cáceres era su tío, entre ellos no se conocían.
Además, se estableció que previamente, los adolescentes habían iniciado el viaje en taxi desde la localidad boliviana de Tarija y luego ingresaron a territorio nacional por un paso ilegal.
Sobre Cáceres, sostuvo que fue quien pagó el viaje en micro y el taxi, y que, además, tenía en su poder los documentos de los menores de edad, a quienes, en primera instancia, dijo desconocer, aunque luego afirmó ser su tío.
Asimismo, se advirtió que en todo momento ejercía cierto control sobre los adolescentes y que los teléfonos de los menores de edad estaban en su poder sin los chips colocados. También señalaron la existencia de certificados de salud que alarmaron a las fuerzas de seguridad sobre la menor de 15 años.
En razón de esta conducta, y dado que el acusado y los menores reconocieron el ingreso ilegal, la fiscalía solicitó la detención de Cáceres y la retención de los menores, quienes fueron remitidos en dispositivos de la Secretaría de la Niñez de la provincia de Salta, luego entregados a sus padres y finalmente se se propició su retorno a Bolivia, a través del consulado de ese país en Salta, cuya agente consular colaboró con la fiscalía de manera permanente desde el inicio del caso.
Sobre las alarmas detectadas al momento del hecho, la fiscalía reveló que uno de los adolescentes no quería hablar con sus padres y contó que viajaba a ver a su abuela en Mar del Plata, en tanto el segundo indicó que iba al mismo destino, pero su intención era trabajar y reunir dinero para adquirir accesorios para una moto.
Pese a ello, el equipaje que llevaban era muy escaso y no se correspondía con la cantidad de prendas para una larga temporada.
Asimismo, de la entrevista mantenida con los padres a su arribo a Salta, se pudieron advertir ciertas inconsistencias. Uno de los progenitores, por ejemplo, desconocía que su hijo estaba de viaje.
Además, la familiaridad con Cáceres no era tan estrecha ya que sería primo de la madre de los adolescentes, pero no se conocían. En lo que sí todos coincidieron fue en que tenían familiares en Mar del Plata, donde trabajan como agricultores, lo que profundizó las sospechas de la fiscalía respecto al verdadero motivo por el cual los menores eran trasladados.
En función de estos argumentos, y sin descartar la posibilidad de otros delitos de mayor magnitud, la auxiliar fiscal formalizó la imputación contra Cáceres por el delito de tráfico ilegal de personas.
En materia de medidas de coerción, se requirió la obligación del acusado de no entorpecer el proceso y la prohibición de salir del país, planteos que fueron aceptados por la jueza Giménez, la que dio por formalizada la acusación penal contra Cáceres.
