El requerimiento de allanamiento fue presentado por el Juez de Garantías de Primera Nominación del mismo distrito y fue recibido por el Jurado de Enjuiciamiento el pasado viernes por la tarde.
En su resolución, el tribunal expresó que “la Ley 7138 establece un procedimiento para despojar de inmunidad a los magistrados o funcionarios que puedan ser acusados ante este Jurado de Enjuiciamiento, el cual consiste en revisar los antecedentes presentados y evaluar el caso, no desde una perspectiva legal sino desde un enfoque político y ético, en defensa del prestigio, la autoridad y el buen funcionamiento de la Justicia”.
Asimismo, se destacó que “la decisión sobre el desafuero no influye en el posterior proceso judicial que recaerá en el caso, ya que no implica un juicio previo sobre la inocencia o culpabilidad del involucrado ni anticipa el resultado de la cuestión penal; esto demuestra claramente que la medida tiene un carácter político-institucional evidente, así como el análisis de los motivos que la respaldan, ya que este Jurado debe limitarse a considerar la seriedad de la acusación, lo cual se ha cumplido sin involucrarse en cuestiones judiciales”.
La reunión fue presidida por la Presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero Cornejo, y contó con la presencia del juez de Corte Pablo López Viñals; el Senador Jorge Pablo Soto, en representación de la mayoría de la Cámara de Senadores; el Senador Javier Mónico Graciano, por la minoría de la Cámara de Senadores; el Diputado Esteban Amat, designado por la mayoría de la Cámara de Diputados; el Diputado Juan Carlos Roque Posse, por la minoría de la Cámara de Diputados; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; así como los abogados Luis Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados por las respectivas Cámaras de Senadores y Diputados.
