El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix que se inicien las medidas que correspondieren ante las recientes manifestaciones del diputado provincial Andrés Suriani.
El pedido se hizo en razón de las publicaciones del legislador, que afectan derechos y garantías y ante la advertencia del peligro que implica que las opiniones de un diputado, quien debe observar la Ley y velar por su cumplimiento, son vertidas en redes sociales de alcance masivo. Dicho hostigamiento conspira contra la consecución de la igualdad, respeto y consideración que pretende la legislación vigente, la que es imperativa para la sociedad toda, y que pretende evitar la reproducción de los prejuicios y las prácticas basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de los géneros, etnias o creencias de las personas.
En su posteo en redes sociales, Suriani pretende generar odio hacia las mujeres feministas a quienes entre otras varias expresiones, tildó de “inestables”. Fue repudiado en Salta y el país. No es la primera vez que el diputado en cuestión públicamente realiza manifestaciones en contra de las mujeres y el colectivo lgtbqi, descalificándolas por su condición de género e identidad.
En el mismo sentido, el Comité advirtió que oportunamente, Suriani votó en contra de la adhesión a la Ley Nacional 27499, conocida como ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, para dar cumplimiento a lo firmado en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
El Comité remitió al Cuerpo su Declaración y Recomendaciones sobre las expresiones del diputado provincial Andrés Suriani y entre las últimas, sugirió que la Cámara cuente con su propio Código de Ética para garantizar que las manifestaciones y acciones de legisladores no lesionen derechos. Y aunque esté vigente la Ley 25.188, de Ética en la función pública (que establece las reglas de conducta que deben seguir todos los funcionarios), el órgano entendió que un Código cristalizaría un consenso ético básico en la sociedad y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
