En tanto, sobre aspectos y alcances del proyecto el Gobernador explicó: “La obligación de hacerse cargo de los gastos ocasionados por conducir de manera irresponsable no admite excepciones. Por este motivo, el proyecto prevé, para quienes acrediten estado de insolvencia, que deberán cancelar la obligación mediante la prestación de servicios comunitarios, en el entendimiento de que, sin importar la condición económica, el que ocasiona un menoscabo al erario público por su conducta imprudente debe responder por él”.
Finalmente, el mandatario señaló que “la norma que se impulsa persigue que se respete el esfuerzo de los contribuyentes que, con el pago de sus impuestos, coadyuvan al mantenimiento del servicio de salud provincial, resultando injusto que se tengan que invertir cuantiosos montos a la atención de los conductores que generan siniestros viales”.
El proyecto de Ley
Entre sus artículos el proyecto propone: “facultar al Ministerio de Salud Pública, a través del organismo correspondiente, a efectuar los trámites correspondientes al cobro o recupero de las prestaciones de salud, medicamentos, prótesis y órtesis que se hubieran destinado en beneficio de las personas que, conduciendo bajo los efectos de alcohol y/o estupefacientes, ocasionen accidentes de tránsito que requieran su atención médica en los efectores del Sistema de Salud Pública”.
“Quienes demuestren estado de insolvencia deberán cancelar la obligación mediante servicios comunitarios de conformidad a lo que determine la reglamentación”.
Otro de sus artículos expresa que “ante la falta de pago por parte de los obligados y transcurridos sesenta (60) días corridos desde la facturación del arancel, o ante el incumplimiento del servicio comunitario de conformidad a lo que determine la reglamentación, la Autoridad de Aplicación y/o los Efectores de Salud Pública que ella disponga, emitirán un certificado de deuda que constituirá título ejecutivo suficiente, en los términos del artículo 533 inciso 7 de la Ley N° 5.233 y sus modificatorias”.
