El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal expresaron su más firme rechazo ante la detección de un plan conspirativo contra el Jefe de los fiscales de la Provincia de Salta, procurador general Pedro García Castiella, «llevado a cabo por organizaciones delictivas que intentan desestabilizar las instituciones de dicha provincia».
En respuesta, remarcan, «el Gobierno Provincial y el Ministerio de Seguridad de la Nación han implementado medidas esenciales para reforzar la seguridad del Procurador General, de los fiscales y de sus equipos de trabajo, con el fin de garantizar la tranquilidad necesaria para el ejercicio de su importante función». Dice la declaración que, «las amenazas están relacionadas con la lucha contra el crimen organizado que se viene desarrollando en dicha jurisdicción, y el reciente ataque es una prueba de que se está siguiendo el camino correcto».
«Estos hechos resaltan la importancia de un trabajo conjunto entre las Provincias y la Nación, y una sólida coordinación entre los Poderes Judiciales Provinciales y la Justicia Federal para combatir las organizaciones criminales en todas las jurisdicciones del país. Al respecto, las instituciones involucradas» señalan, manifestando que es «imperativo reafirmar de manera firme y contundente el compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la defensa de las instituciones».
Asimismo, las autoridades expresaron su enérgico repudio y rechazo a las amenazas, subrayando que «cualquier tipo de influencia indebida en el accionar de la Justicia no será tolerada», y ofrecieron su apoyo incondicional al procurador general de Salta, Pedro García Castiella, y a todo el personal del Ministerio Público Fiscal de Salta.
Comunicado de la Asociacion Argentina de Fiscales
La Asociación Argentina de Fiscales (AAF) adhirió en todos sus términos al comunicado conjunto emitido por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal «como respuesta al descubrimiento de un plan conspirativo contra el Jefe de los fiscales de la Provincia de Salta, procurador general Pedro García Castiella, llevado a cabo por organizaciones delictivas que intentan desestabilizar las instituciones de dicha provincia».
En este sentido, y sin perjuicio de que el Gobierno Provincial y el Ministerio de Seguridad de la Nación han adoptado medidas esenciales para reforzar la seguridad del Procurador General, de los fiscales y de sus equipos de trabajo, destacan que es necesario señalar que las Directrices sobre la Función de los Fiscales de La Habana de 1990, en su artículo 5, establecen que: «Las autoridades proporcionarán protección física a los fiscales y a sus familias en caso de que su seguridad personal se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones». Asimismo, la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) emitió las Normas de Responsabilidad Profesional y Declaración de Derechos y Deberes Fundamentales de los Fiscales el 23 de abril de 1999, y en su artículo 6 dispone que: «Los y las fiscales deberán tener derecho y estar facultados a recibir por parte de las autoridades la protección de su integridad física y la de sus familias, cuando su seguridad personal se vea amenazada como resultado del correcto desempeño de sus funciones como fiscal».
De igual manera, la Recomendación REC (2000) 19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros de la Unión Europea sobre el papel del Ministerio Público en el Sistema de Justicia Penal, en su artículo 5, inciso G, establece que «los fiscales, junto con sus familias, deben estar físicamente protegidos por las autoridades cuando su seguridad personal se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones». Por su parte, la Asociación Internacional de Fiscales emitió una declaración de normas mínimas relativas a la seguridad y protección de los fiscales y sus familias en Helsinki, Finlandia, el 1 de marzo de 2008, en la cual establece 14 disposiciones a incluir en una política integral de seguridad de los fiscales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, en su sentencia del 22 de noviembre de 2004, ordenó que «el Estado debe otorgar garantías de seguridad suficientes a los testigos, autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares de las víctimas». Asimismo, la CIDH, en el caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, en su sentencia del 11 de mayo de 2007, manifestó que «el Estado debe garantizar que funcionarios judiciales, fiscales, investigadores y demás operadores de justicia cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado, tomando en cuenta las circunstancias de los casos a su cargo y el lugar donde se encuentran laborando, que les permita desempeñar sus funciones con debida diligencia».
En este sentido, la Organización de Naciones Unidas emitió el informe A/HRC/20/19 de la Asamblea General, el 7 de junio de 2012, basado en el Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, sobre la seguridad de los fiscales, en donde se recomienda que «debe existir una institución específica encargada de evaluar los riesgos de seguridad de los fiscales y sus familias a fin de proporcionarles información, capacitación y asesoramiento en materia de seguridad personal». Además, se enfatiza que, «si los fiscales o sus familias se ven sometidos a cualquier tipo de violencia o amenaza, o a intimidación, coacción o vigilancia ilegítima, es responsabilidad del gobierno investigar esos incidentes y prevenir su recurrencia, proporcionando cuando corresponda apoyo psicológico o asesoramiento».
A criterio de esta Asociación, «las acciones del narcotráfico deben ser evaluadas teniendo en cuenta la real dimensión y capacidad operativa de estas organizaciones. El asesinato del Fiscal de Paraguay Marcelo Pecci puso en evidencia la cooperación transnacional de las organizaciones delictivas, así como la velocidad, recursos y determinación con que actúan contra quienes los persiguen legalmente. No es suficiente un despliegue de seguridad pasiva; se requiere una proactividad en la investigación y en la recolección de información (inteligencia), que a estas alturas se encuentra plenamente justificada».
Consideraron que, «debe existir una decisión firme que involucre a todos los países de la región actuando de manera coordinada y simultánea». Además, insisten en que «la seguridad de los fiscales, familiares y colaboradores debe plasmarse en medidas efectivas e integrar las políticas públicas del Estado y los Ministerios Públicos Fiscales, tal como lo sugiere el reciente Protocolo para la Creación de una Política de Protección y Seguridad de Fiscales, Funcionarios y Servidores de los Ministerios Públicos de América Latina de la Federación Latinoamericana de Fiscales».
La Asociación Argentina de Fiscales (AAF) expresó todo su apoyo «al procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, y a todos los fiscales y colaboradores afectados por este siniestro plan».
