La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación penal y la prisión preventiva requerida contra una mujer, su hijo y su pareja, que fueron detenidos hace dos semanas en la localidad salteña de General Pizarro circulando en dos camionetas con 110 kilos de cocaína ocultos en las ruedas de los rodados.
En una audiencia realizada el 9 de septiembre pasado, y a pedido de la fiscal subrogante Josefina Martínez Vázquez, a cargo del Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Salta, los tres acusados, identificados como Alicia Lidia Molina, Hugo Gregorio Márquez y Sergio Alberto Rodríguez, quedaron formalmente imputados por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en grado de coautores.
Además, se dictó la prisión preventiva de los tres acusados, ratificada el jueves pasado por la Sala I del Tribunal de Revisión.
El caso
Asistida por la auxiliar fiscal Rocío Mariscal, quien también interviene en la investigación penal, la representante del Ministerio Público Fiscal describió el hecho ocurrido el 6 de septiembre último en un procedimiento de control vehicular realizado por personal del Escuadrón 45 de Gendarmería Nacional, en la ruta provincial 5, a la altura de la finca El Chaguaral, en la localidad de General Pizarro, en el sur provincial.
Según lo relatado, a las 8.15 de aquel día, los gendarmes procedieron a detener una camioneta marca Toyota conducida por Márquez, quien se identificó como un agente inmobiliario, con residencia en Yerba Buena, Tucumán.
El ahora imputado explicó que viajaba de regreso a su vivienda, tras realizar un viaje a Orán para trasladar a sus suegros.
En la inspección visual del rodado, los efectivos advirtieron que las cubiertas eran nuevas y presentaban signos de haber sido manipuladas, mientras que el neumático de auxilio estaba deteriorado. En vista de ello, revisaron la presión de aire de las ruedas, la que marcó un registro superior a lo normal.
En esas circunstancias, apareció una segunda camioneta, de la misma marca, la que era conducida por Rodríguez, quien llevaba como acompañante a Molina, su madre. A simple vista, se advirtió que las cubiertas de este rodado tenían las mismas características del primer vehículo.
Además, al referirse a su itinerario de viaje, los ocupantes dijeron que habían salido de Pichanal, para luego rectificar y señalar que habían pernoctado en un hotel de Orán. A ello, se sumó el hecho de que la mujer primero desconoció al conductor del primer vehículo, pero después reconoció que era su pareja.
Los 136 paquetes con 110 kilos de cocaína estaban ocultos en el interior de los neumáticos. Foto Gendarmería Nacional.
Dado el estado de sospecha y bajo la dirección de la fiscalía, ambos rodados fueron trasladados hasta la base operativa de la fuerza federal en Las Lajitas, donde se sometió a los vehículos a una requisa más profunda, de la cual surgió que las ruedas de ambas camionetas tenían en su interior armazones metálicos caseros, en los cuales se acondicionaron un total de 136 paquetes de droga, equivalentes a 110 kilos con 128 gramos de cocaína.
Expuesto el hecho, Martínez Vázquez enumeró las pruebas reunidas hasta el momento, para luego formalizar la imputación penal, la que consideró acreditada.
Luego, al referirse a las medidas de coerción, requirió para los tres acusados la prisión preventiva. Este pedido lo fundó en la gravedad del hecho, la logística desplegada, la grave afectación a la salud pública representado por el delito neutralizado.
“No se puede pasar por desapercibido la modalidad de transporte y la cantidad del tóxico que se transportaba, lo que implica sin dudas que no se trató de un hecho en solitario, sino más bien de una organización narcocriminal”, dijo la fiscal.
Destacó la inversión realizada, el secuestro de teléfonos y una suma cercana al medio millón de pesos, lo que evidencia la magnitud de la empresa delictiva, la cual, según adelantó, debe ser “investigada a fondo”, siendo esta “una obligación que tiene el Estado a partir de compromisos adquiridos mediante tratados internacionales”.
Entre otros argumentos, mencionó los riesgos de fuga y entorpecimiento procesal, como así también recordó que la escala penal del delito impide, en caso de recaer condena, la posibilidad de un cumplimiento del tipo condicional.
Expuestos los planteos de la fiscalía, la defensa de los tres imputados interpuso un planteo de nulidad por considerar inválida las actuaciones penales, en razón de que los gendarmes excedieron sus facultades al someter a los acusados a un interrogatorio e incluso realizaron una valoración de sus respuestas.
Además de cuestionar cómo surgió el estado de sospecha hacia sus clientes, la defensa planteó, de manera subsidiaria, el beneficio de arresto domiciliario para la mujer, ya que la misma presenta una discapacidad auditiva, entre otros inconvenientes de salud.
También resaltó que la misma tiene 70 años, por lo que le correspondería el beneficio de la prisión domiciliaria dada su edad. Por último, aportó datos respecto al arraigo y cuestionó el servicio de atención sanitaria del Complejo Penitenciario Federal NOA III, como refuerzo a su pedido de morigeración de la prisión preventiva.
Al momento de rebatir estos planteos, la fiscal aclaró que el estado de sospecha surgió de la anomalía en las cubiertas Para mayor convencimiento, repasó la amplia jurisprudencia existente en torno a las facultades de los gendarmes en la tarea de control, avalada incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que destacó que estas medidas se deben profundizar aún más en las rutas y zonas de frontera.
Respecto al pedido de arresto domiciliario, también se pronunció en contra de otorgar este beneficio en razón de la gravedad del delito que se investiga y los riesgos procesales existentes, como el de fuga y entorpecimiento.
Los argumentos de la representante del MPF, fueron compartidos por la jueza Giménez, quien resolvió rechazar ambos planteos defensistas y dictó la prisión preventiva para todos los acusados.
Esta resolución fue impugnada por la defensa, lo que provocó un nuevo tratamiento de los planteos por parte de la Sala I del Tribunal de Revisión, integrada por los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Luis Rabbi Baldi Cabanillas, quienes volvieron a rechazar el recurso de nulidad y confirmaron la prisión preventiva de la mujer.
