El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, investiga una denuncia radicada por una joven que habría recibido presiones para retirar una denuncia contra dos agentes de Gendarmería Nacional.
La nueva denuncia de la mujer involucra al cacique Víctor González, el abogado de los gendarmes Juan Carlos Sánchez y la secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Santa Victoria Este, Julieta Catardo quienes, asegura, la presionaron para cambiar su declaración.
El 23 de febrero, la víctima presentó una denuncia contra dos gendarmes. Luego de realizar una investigación, el fiscal Cazón imputó provisionalmente por la posible comisión del delito de tentativa privación Ilegítima de la libertad, agravado por la condición de funcionario de fuerzas de Seguridad y lesiones en perspectiva de género a Camilo Alberto Cardozo y Sergio Ramiro Denis. Además, luego de la imputación, Gendarmería Nacional emitió la Disposición 71/21 por la que, ante la gravedad de los hechos, Cardozo y Denis fueron pasados a disponibilidad.
Pese a ello, el 5 de marzo a las 12:55, la víctima se presentó –acompañada por Julieta Catardo, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Santa Victoria Este y pariente del intendente- en la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, con el fin de ratificar su denuncia.
Sin embargo, frente a Cazón, la víctima cambió su relato, asegurando que “se había asustado porque “días atrás había pasado un auto y decían que levantaban chicas, entonces nosotras pensamos que nos iba a pasar algo malo con este vehículo” y que no recordaba nada más porque escapó a su casa y entró en shock.
Horas más tarde de ratificar su denuncia ante el fiscal Penal, la mujer se presentó en la Oficina de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, en donde informó que había rectificado la denuncia original por presión, ya que temía por su vida, la de su familia y de su hijo.
Ayer, la joven volvió al Ministerio Público en donde ratificó y amplió la denuncia, asegurando que días después de realizar la primera denuncia, el cacique Víctor González se presentó en su hogar y le dijo a su padre que “hiciera un arreglo económico con el Jefe de Gendarmería de Misión La Paz” para levantar la denuncia. Ante la negativa, González “me dijo que me iba a hacer echar de la comunidad porque él era quien mandaba”.
Luego, según consta en la denuncia de la joven, se presentó en la comunidad la funcionaria Julieta Catardo, quien le habría informado que el fiscal Cazón la había citado el viernes 5 de marzo, a las 8, en Tartagal. Para concurrir a la cita, la noche anterior una camioneta de la Policía habría trasladado a la víctima hasta la casa de Catardo, quien al día siguiente la llevó hasta un hotel en Tartagal.
De acuerdo al relato de la víctima, Catardo habló por teléfono y luego llegó una camioneta con dos hombres para trasladarla hasta el Ministerio Público, y quien manejaba le preguntaba todo el tiempo si mantendría la denuncia.
Al llegar al edificio judicial, Catardo le habría informado que los hombres eran los abogados de los gendarmesy “me dijo que si no cambiaba la denuncia, iban a ir presos mi papá y mi mamá”.
Luego de cambiar su denuncia, la joven se habría subido en un remís y se dirigió a la Oficina de Violencia Familiar y de Género de Tartagal.
