La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, a instancia de una investigación de la Unidad Fiscal Salta, hizo lugar ayer a la imputación penal por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con facilitación culposa de documentos pecuarios falsos requerida contra tres exfuncionarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Se trata de Raúl Francisco Díaz Pardo, quien se desempeñaba como Coordinador de Sanidad Animal del Centro Regional NOA; de Sergio Miguel Achtar, inspector profesional y encargado de la oficina de SENASA en la localidad de Joaquín V. González, en el sur de Salta; y Natalia Gramajo, secretaria administrativa de dicha sede. Los tres acusados quedaron cesantes a fines de junio pasado, por una medida adoptada por el organismo nacional.
La acusación penal fue presentada por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, quien sostuvo que la investigación, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, se inició el 3 de enero pasado a partir de dos denuncias. La primera fue radicada por Álvaro Ortiz de Urbina, presidente de la fundación “Ganaderos del Sur”, ente sanitario a cargo de campañas de vacunación y emisión de documentos electrónicos de transporte de ganado. La otra denuncia, en tanto, fue realizada por un familiar de una productora agropecuaria del sur de la provincia.
En ambos casos, los denunciantes apuntaron contra los responsables de la oficina de SENASA ubicada en Joaquín V. González.
Uno de ellos sostuvo que su madre, quien es titular de una unidad productiva advirtió que la cantidad de animales en su poder no coincidía con el stock registrado en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), el cual tenía consignado un número menor al real.
Ante ello, y como resultado de las indagaciones que realizaron, es que tomaron conocimiento de que se había emitido a su nombre un Documentos de Tránsito Electrónico (DTE) de equinos, según aparecía consignado en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios.
En dicho trámite, se daba cuenta del movimiento de animales de su propiedad con destino a una firma ubicada en la provincia de Entre Ríos. Por esta razón, el stock de animales aparecía disminuido, lo que fue desmentido por el denunciante, pues no se había trasladado ningún animal de la finca en cuestión.
El mismo denunciante detectó que la misma maniobra se repitió en cuatro oportunidades, siempre con movimientos de animales hacia esa misma firma.
Por su parte, Ortiz de Urbina denunció otros dos casos similares, aunque uno de ellos con la particularidad de que se había gestionado un documento de tránsito a nombre de un productor fallecido en 2013.
En función de estas denuncias, la auxiliar fiscal explicó que, entre las diversas medidas investigativas, se solicitó informes de estos trámites, tanto a la oficina de Joaquín V. González, a cargo de Achtar, como el Centro Regional, en manos de Díaz Pardo, pero en ambos casos las respuestas demoraron en llegar.
En vista de ello, se acudió a las autoridades nacionales de SENASA, que no sólo confirmaron lo denunciado a partir de informes, sino también revelaron otros numerosos casos similares, tanto de cambio de stock, como de movimiento de animales, los que aún son motivo de investigación.
No obstante, se pudo establecer que los documentos DTE objeto de la acusación fueron tramitados por los tres acusados, bajo el usuario asignado a cada uno de ellos por el organismo.
La fiscalía explicó que SENASA realizó dos auditorías y detectó las irregularidades denunciadas, entre ellas nuevos casos de gestiones a nombres de productos fallecidos.
Entre las irregularidades advertidas, indicó que los trámites no poseían firmas, ausencia de nombres ni otros datos personales exigidos para la emisión de la documentación que los productores deben presentar, a modo de guía, de los animales en tránsito.
Precisó que estas anomalías estaban bajo la órbita de los tres imputados, los que, en ningún momento, denunciaron las irregularidades. Resaltó, a su vez, la gravedad de los delitos imputados, pues no sólo se refleja de las mismas una maniobra espuria, sino de afectación a la salud, pues se movió ganado, del cual se desconoce su origen y mucho menos si cumplía con los controles sanitarios, como por el ejemplo, contra la fiebre aftosa.
Por otra parte, remarcó el perjuicio sobre los productores que no movieron sus animales y que, a raíz de estas maniobras, el stock de su unidad productiva se vio reducido, con lo cual no podrán recibir determinados beneficios, como ser la cantidad necesaria de vacunas y otros recursos.
Descripto el hecho, la auxiliar fiscal enumeró las pruebas reunidas y solicitó un plazo de investigación de seis meses, pues desde el SENASA se remitieron más informes, por lo que no descartó establecer nuevos hechos, lo que ampliaría la responsabilidad penal de los imputados.
Las defensas, en tanto, no presentaron objeciones, sino precisión respecto a algunos de los hechos imputados, tras lo cual la jueza dio por formalizado el caso, en los términos requeridos por la fiscalía, la que, por el momento, sólo exigió de los acusados la obligación de no entorpecer el proceso penal.
