El procurador general de Salta, Abel Cornejo, resolvió que se realice una donación con cargo al hospital Papa Francisco. Se trata de equipamiento para un lavadero que podrá ser utilizado por todos los hospitales de la capital una vez superada la emergencia sanitaria actual.
La donación con cargo, de $ 2.100.000, será destinada exclusivamente a la compra de una lavadora de ropa; una centrífuga pendular; un secador rotativo y una planchadora cubeta, para el funcionamiento de un lavadero que será de utilidad tanto para el Hospital como para el Centro de Convenciones, ambas instituciones designadas como Centros de Referencia para el tratamiento del Covid-19 en la provincia de Salta.
El cargo está sujeto a que una vez finalizado el periodo de emergencia epidemiológica, los bienes adquiridos deberán ser destinados exclusivamente para el uso de los hospitales públicos de la capital.
En la Resolución 967, Cornejo también instruyó a la Dirección de Administración a transferir los fondos a la cuenta que brinde la entidad beneficiaria e instruyó al fiscal penal a cargo de la UFINAR, a fin de que solicite a los juzgados de feria, con carácter de urgente, los libramientos de los fondos dispuestos por Resolución 966. (Ver más). La donación será informada a la Auditoría General de la Provincia.
Por qué equipamiento para hospitales y no donaciones en efectivo
La defensa de los intereses generales de la sociedad constituye una de las misiones más trascendentales del Ministerio Público Fiscal, según lo establece la Constitucional de la Provincia de Salta; y la salud y seguridad de la comunidad salteña resultan hoy ser bienes jurídicos de prioritario resguardo constitucional. Por ello, el Ministerio Público Fiscal de Salta, en su condición de representante del interés social, puede movilizar los recursos humanos y materiales que sean necesarios para responder a situaciones de contingencia.
A partir de la Resolución 966, el fiscal Santiago López Soto ya informó al Procurador el listado de causas con dinero secuestrado.
Vale mencionar que en 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo sobre el destino de bienes decomisados del narcotráfico “que resulta imprescindible establecer como política de Estado consistente, efectiva y coordinada, que todos aquellos bienes provenientes del delito, sean empleados para una finalidad de utilidad pública como lo es la seguridad de la población” y justamente, la seguridad y salubridad de la sociedad salteña hoy requieren medidas extraordinarias.
