El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, declaró la legalidad de la detención de nueve gendarmes e hizo lugar a la imputación requerida para todos ellos por la Unidad Fiscal Salta (representada por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar Roxana Gual) por haber cobrado dinero a cambio de facilitar el contrabando de granos. Dicha imputación alcanza además a otros dos gendarmes que no fueron detenidos.
El magistrado dispuso que la prisión preventiva se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario e impuso una serie de reglas de conducta. Por otra parte, autorizó la realización de peritajes pendientes y levantó el secreto fiscal, bancario y financiero de los acusados.
Los involucrados en el caso son los gendarmes José Ramón Miranda, Fabián Jorge Amarilla, Edgar Juliano Maciel, Néstor Emanuel Di Ángelo, Ramón Eduardo Acosta, Alejandro Abel Lezcano, Simón Sebastián Soto, Carlos Nahuel Gélvez, Melina Leiva, Juan Adrián Sandoval y Lucas Darío Acuña, quienes cumplían funciones en los escuadrones 54 de Aguaray y 61 de Salvador Mazza. A todos ellos se les imputó ser autores del delito de "cohecho pasivo" y ser partícipes necesarios en la "tentativa de contrabando de exportación".
La detención de los integrantes de dicha fuerza de seguridad, con excepción de Sandoval y Acuña, se registró el 27 de mayo pasado, como resultado de numerosos procedimientos realizados en el norte de la provincia. El caso comenzó a tramitarse en noviembre de 2022, a raíz de la denuncia radicada por el jefe del Escuadrón 54, quien sostuvo que personal de esa unidad llevaría adelante maniobras ilícitas vinculadas al paso ilegal de granos.
En ese marco, el 9 de octubre del 2023, la fiscalía formalizó una investigación penal contra tres civiles (Cristián Tomasini, Carlos Bonduri y Emmanuel Gutiérrez) por el delito de "contrabando de mercadería en concurso real con cohecho activo", ya que, de las pruebas reunidas, se estableció que articulaban con gendarmes de los puestos de control fronterizo el paso ilegal de granos a Bolivia.
Al avanzar con las tareas investigativas, la fiscalía pudo establecer el vínculo de los gendarmes imputados con Tomasini, Bonduri y Gutiérrez en la trama de pago de “coimas” a cambio de liberar el paso hacia la frontera de camiones cargados con granos, lo que se hacía en distintas franjas horarias en los puestos fijos de Aguaray, Arenales y Senda Hachada, entre otros.
Antecedente
El caso -según lo expuesto por la fiscalía en la audiencia- tiene como antecedente la condena dictada en septiembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta contra el excomandante principal y jefe del Escuadro 54 “Aguaray”, Marciano Alberto Páez, quien recibió la pena de cinco años y seis meses de prisión al ser considerado autor de "cohecho pasivo" y partícipe primario de "contrabando de exportación, agravado por el número de intervinientes y su condición de miembro de una fuerza de seguridad".
Además, y por el mismo delito, fueron condenados el sargento Rodolfo Ayala y el alférez Diego Ernesto Radaelli, quienes recibieron penas de cuatro años de prisión. También recayó condena sobre Alberto Martín Crossa, dueño de una finca de Campo Durán, por donde los camiones con granos pasaban a Bolivia.
La fiscalía sostuvo que la modalidad delictiva es similar a la de aquel caso, aunque no se advirtió -por el momento- que se haya ejecutado de manera organizada. En la exposición, se hizo foco en la cantidad de gendarmes involucrados y se descartó de plano que las grandes cantidades de granos que se trasladaban por las rutas del norte provincial tuvieran un destino de consumo en esa región. “No hay otro destino que el contrabando a Bolivia, a cambio de lo cual, los acusados obtuvieron enormes ganancias”, sostuvieron los representantes del MPF.
Afirmaron, además, que los actos procesales llevados adelante hasta el momento corroboran la teoría del caso, la que se resume en que los acusados no “tenían otra actividad más que pararse en la ruta y exigir el pago de coimas”.
Por ese motivo, formalizaron la imputación y pidieron la prisión preventiva de los acusados, a excepción de Sandoval y Acuña. En el caso de Leiva, quien atraviesa un embarazo, se contempló que la medida sea bajo arresto domiciliario, mientras que para el resto requirió que se cumpla en una unidad carcelaria federal. Dicho planteo fue fundado en la gravedad del hecho, la que surge de la condición de funcionarios públicos de los acusados, la afectación al Estado, los riesgos de fuga y de entorpecimiento procesal en que podrían incurrir los imputados.
