El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta homologó el miércoles pasado el acuerdo al que arribó la fiscalía con tres de los ocho acusados que están siendo juzgados desde el 31 de julio pasado por el secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes de un hombre que cumplía prisión domiciliaria por una condena por narcotráfico. La víctima estuvo cautiva en poder de una banda que la torturó y exigió dinero y drogas por su liberación, hasta que -tras 24 horas cautiva- fue rescatada por la policía.
De esta forma, el tribunal impuso 11 años de prisión a Roy Carlos Choque Aguirre y 10 años de prisión a Horacio Eric Chauqui y Micaela del Valle Riquelme, como coautores de aquél delito. Esta última deberá cumplir la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario en razón de que debe cuidar a su hija menor de edad. La evaluación de los cinco acusados restantes se realizará en el marco del debate, que continúa su curso.
Las condenas se dieron en línea con lo planteado al inicio del juicio por el titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, quien cuenta con la colaboración de la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo. La propuesta del fiscal se asentó en que el Código Procesal Penal Federal (CPPF) promueve la resolución de conflictos penales a través de estas salidas alternativas. Toranzos explicó que las ocho personas acusadas reconocieron los hechos y su responsabilidad penal, y que se había acordado con la defensa la pena respecto de cuatro de ellas.
En efecto, los acuerdos también incluían que otro de los acusados, Jaime Alberto Prudencio Ruiz, recibiera 10 años de prisión en carácter de partícipe secundario, pero los jueces Federico Santiago Díaz (presidente) y Mario Marcelo Juárez Almaraz y la jueza Marta Liliana Snopek hicieron lugar al cuestionamiento formulado por la querella, que considera que el imputado actuó como partícipe necesario.
Formalizada la sentencia, la querella reservó su derecho de impugnación. No obstante, el tribunal decidió avanzar con el juicio de determinación de pena para el resto de las personas acusadas: Carlos Gustavo Lozano Tolaba, Emanuel Yamil Arjona, Daniel Llanos y Cristian Adan Martínez, mientras que el juicio de Ruiz quedó pendiente para una etapa final del debate.
El TOF N°1 de Salta escucha la exposición del fiscal federal Ricardo Toranzos. Foto: S. Rodríguez/MPF.
El secuestro
Héctor Ismael Herrera, la víctima, fue secuestrado el 3 de agosto de 2023 de su casa situada en el barrio Policial, y mantenido cautivo hasta el día siguiente en otra vivienda, en el barrio Santa Rita II.
Según lo planteado por el fiscal Toranzos, el secuestro de Herrera -quien cumplía una pena de 4 años y 6 meses de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario por un hecho de narcotráfico-, se ejecutó para que un tío de la víctima hiciera entrega de una suma de dinero o bien devolviera un cargamento de drogas.
La pesquisa pudo establecer que los imputados Choque Aguirre, Lozano Tolaba y Llanos, junto a otro implicado (declarado prófugo), ingresaron a nuestro país procedentes de Bolivia el 2 de agosto, es decir, un día antes de los hechos. Ruiz los esperaba cuando salieron de la Dirección de Migraciones en Salvador Mazza y fue el encargado de trasladarlos hasta la ciudad de Salta, donde se alojaron en un hotel de la calle Córdoba al 1400.
Luego, tomaron contacto con el resto de los imputados y comenzaron la ejecución del plan, aparentemente ideado por una organización narcocriminal con orígenes en Perú. Como primer paso, junto a Riquelme, Martínez y Chauqui, hicieron un relevamiento tanto en la casa de la víctima como del inmueble elegido para su cautiverio.
La captura de Herrera se ejecutó el 3 de agosto, mientras la víctima compartía un asado con amigos. La reunión había sido propuesta previamente por uno de los acusados -que no participó de la comida- para relajar cualquier posibilidad de resistencia. En ese contexto, los imputados -incluido quien promovió el encuentro- aparecieron en la casa encapuchados y fuertemente armados, y se llevaron cautivo a Herrera.
Según lo expuesto por el representante del MPF, la víctima fue trasladada a la vivienda del barrio Santa Rita II, donde le cubrieron la cabeza, la maniataron y luego comenzaron a golpearla, a someterla a torturas y a exigirle a su familia que aparezca su tío para que entregue el dinero y la droga que presuntamente les debía.
En este tramo de la exposición del fiscal, se exhibió en la audiencia un video que la familia recibió por WhatsApp, donde se veía a la víctima golpeada y el momento en que uno de los captores, con una pinza, le arrancaba la uña del dedo meñique de la mano derecha. La fiscalía también sumó una serie de tomas fotográficas de las lesiones que sufrió Herrera.
Toranzos remarcó el grado de profesionalismo y peligrosidad de los imputados, quienes ocupaban toda una fila de asientos en el recinto.
El fiscal recordó que la familia fue intimidada para que no diera aviso a la policía e incluso mencionó algunas de las amenazas que les proferían. “Por cada paquete de droga que debían iban a matar a un familiar”, les decían.
El rescate
Los mismos familiares llamaron al 911 para denunciar el secuestro y, a partir de allí, luego de una inicial intervención de la policía y la fiscalía provincial, el área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta impulsó varias medidas en procura de rescatar a Herrera.
Así fue como se implementó una vigilancia en la casa de la víctima, que permitió detectar la presencia del imputado Choque Aguirre, quien había llegado para insistir con el pago del dinero o la droga que reclamaba, o bien para que los familiares aportaran el domicilio donde se hallaba oculto el tío del secuestrado.
Este imputado fue detenido, como también el chofer del taxi en el que había llegado, Aurelio Maldonado, quien, si bien fue uno de los acusados en la audiencia de formalización del caso el 8 de agosto de 2023, luego fue sobreseído en razón de que su participación fue circunstancial.
A partir de los datos aportados por un imputado colaborador, se ubicó la vivienda del barrio Santa Rita II donde Herrera estaba cautivo y se decidió avanzar con un operativo de rescate, pues se consideró que existía un serio riesgo de vida.
La policía provincial irrumpió en la casa, redujo al resto de los acusados y la víctima fue hallada debajo de una cama, con gravísimas lesiones, por lo que fue asistida de inmediato.
En su declaración, Herrera dio una versión coincidente con lo que habían explicado sus parientes respecto a cómo se produjo el secuestro. Dijo que fue subido a un vehículo, que lo encapucharon, que fue golpeado mientras viajaba y que lo mismo sucedió en la vivienda donde estuvo cautivo, donde recibió golpes de puño, patadas y hasta le dieron culatazos con armas, entre las que identificó una ametralladora.
También apuntó a la acusada Riquelme como la más violenta y precisó que fue ella quien lo metió debajo de la cama cuando aparecieron los policías.
Recordó que sus captores le pedían una y otra vez que diera información de un tío, pero que, como tiene varios, no sabía a quién se referían, y reconoció que el reclamo era por un asunto de drogas, ya que siempre hicieron alusión a eso.
Pruebas
Entre las pruebas enunciadas por el fiscal se exhibieron numerosas imágenes de las cámaras de seguridad de la Policía, privadas y de otros organismos, en las que, por ejemplo, se pudo ver el arribo de los acusados que llegaron de Bolivia.
Asimismo, Toranzos destacó la labor profesional de los efectivos de la policía provincial, tanto en el operativo de rescate como en las tareas de campo e inteligencia llevadas adelante y que fueron claves para terminar de cerrar el cerco en torno a los acusados. En ese orden, también resaltó el trabajo realizado por los expertos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, dependiente del MPF provincial, en la recolección de pruebas directas, cuya contundencia influyeron en las defensas para arribar los acuerdos propuestos.
Acuerdos y diferencias
El fiscal explicó que todos los acusados, a través de sus respectivas defensas, reconocieron su participación y responsabilidad penal en los hechos. No obstante, y en función de las exigencias legales para homologar estos acuerdos, el presidente del tribunal interrogó a cada uno sobre este aspecto. Todos lo admitieron y prestaron conformidad.
Luego, la fiscalía indicó que, en el caso de Choque Aguirre, Riquelme, Ruiz y Chauqui también había acordado las penas, lo cual también fue reconocido por aquellos y aquella, como también una reparación integral en favor de la víctima.
En este tramo, los representantes legales de Herrera hicieron conocer a los jueces su oposición a los acuerdos. El eje central de sus argumentos giró en torno al monto de la reparación, aunque también se mostraron en desacuerdo con el encuadre legal de Ruiz y el monto de la pena acordada para Choque Aguirre, de 11 años de cárcel.
En vista de esta desavenencia y de la nutrida agenda de juicios del tribunal, el debate fue suspendido hasta el miércoles pasado, cuando la querella mantuvo su oposición. Ello derivó en réplicas de las defensas y de la fiscalía a fin de que se respeten los términos de los acuerdos, lo cual volvió a ser rechazado por la víctima.
En concreto, las partes cuestionaron a la querella por no ajustar su postura a lo exigido por el artículo 324 del CPPF, en cuanto a que la oposición sólo podrá plantearse si “se sostuviera una calificación jurídica o una responsabilidad penal diferente a la de la acusación fiscal y, como consecuencia de ello, la pena aplicable excediera el límite establecido”.
En contrario, sostuvieron, que la oposición de la querella radica solo en la diferencia sobre el monto de la reparación económica.
Al resolver, el tribunal decidió homologar el acuerdo alcanzado por la fiscalía con los acusados respecto a la responsabilidad penal, con excepción de Ruiz, como también el acuerdo parcial por las penas de 11 años de prisión para Choque Aguirre y de 10 años para para Chauqui y Riquelme.
