El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó ayer a penas de 11 y 13 años de prisión a otros cuatro imputados por el secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes de un hombre que cumplía prisión domiciliaria por una condena por narcotráfico cuando fue capturado, torturado y liberado en un operativo policial sin que se pagara el dinero o las drogas que exigían por su rescate.
Los jueces Federico Santiago Díaz (presidente), Marta Liliana Snopek y Marcelo Juárez Almaraz, le impusieron 13 años de prisión a Carlos Gustavo Lozano Tolaba y Daniel Cáceres Llanos, como coautores del secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes, que tuvo como víctima a Héctor Ismael Herrera.
Por la misma calificación legal, también condenaron, pero a 11 años de cárcel, a Cristian Adán Martínez y Emanuel Yamil Arjona.
La fiscalía -representada en este juicio por el titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, y la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo-, había pedido 14 años de prisión para los dos primeros imputados mencionados y 10 años para los que finalmente fueron condenados a 11.
La querella solicitó penas más altas, 15 años de cárcel para Lozano Tolaba y Llanos y 13 para Martínez y Arjona, mientras que las defensas alegaron por el mínimo de la pena, de 10 años de prisión.
Por el caso ya son siete los condenados, ya que estas cuatro penas se suman a las tres ya dictadas el 7 de agosto pasado, en el marco de un acuerdo pleno homologado en el juicio por este mismo tribunal.
En aquella audiencia, Roy Carlos Choque Aguirre recibió una pena de 11 años de prisión, mientras que Horacio Eric Chauqui y Micaela del Valle Riquelme, fueron condenados a 10 años, también en calidad de coautores del mismo secuestro extorsivo agravado.
La situación de Jaime Alberto Prudencio Ruiz, un octavo acusado incluido en el acuerdo pleno, quedó pendiente, pues el tribunal rechazó homologar la pena acordada en su caso, en función de una discrepancia planteada por la querella respecto a la calificación legal.
En tal sentido, el Área de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal Toranzos, propuso para Ruiz una pena de 6 años como partícipe secundario, mientras que la querella, en representación de la víctima, consideró que su rol fue necesario, lo que fue convalidado por el tribunal. En vista de ello, la defensa de Ruiz interpuso impugnación, la que quedó a resolución de la Cámara Federal de Casación Penal.
Agravantes y atenuantes
El tribunal abordó ayer el debate respecto a las penas de Martínez, Arjona, Lozano Tolaba y Llanos, instancia en la que la fiscalía, representada por la auxiliar fiscal Aráoz Vallejo, expuso aspectos vinculados a las circunstancias personales de los acusados, para luego realizar un análisis de los agravantes y atenuantes, previo al pedido formal de condenas.
En ese orden, la representante del MPF se refirió a la gravedad del hecho, la naturaleza de la acción, la extensión del daño y medios empleados.
Aráoz Vallejo resaltó el alto grado de violencia utilizado en el secuestro, pues Herrera no sólo fue golpeado, sino torturado y soportó amenazas de muertes hacia sus familiares, en particular de uno de sus hijos, menor de edad.
Destacó el accionar profesional de los acusados y la logística con la que se planeó el secuestro, pues sostuvo que nada quedó librado al azar, que se usaron armas de fuego de grueso calibre y que alquilaron una casa para el cautiverio.
El secuestro
La auxiliar fiscal recordó que Herrera fue secuestrado el 3 de agosto de 2023 de su casa situada en el barrio Policial, y mantenido cautivo hasta el día siguiente en otra vivienda, en el barrio Santa Rita II.
La víctima cumplía una pena de 4 años y 6 meses de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario por un hecho de narcotráfico. Su secuestro, se ejecutó para que un tío de la víctima hiciera entrega de una suma de dinero, o bien, devolviera un cargamento de drogas.
Para ello, según la investigación, Choque Aguirre, como director de la célula criminal que llevó a cabo el secuestro, ingresó al país un día antes del hecho, procedente de Bolivia, junto a Lozano Tolaba, Llanos y un cuarto integrante, contra quien se dictó un pedido de captura nacional e internacional.
La hipótesis fiscal sostiene que ya en territorio nacional, Choque Aguirre reclutó a Martínez, Chauqui, Arjona, Ruiz y Riquelme, quienes constituyeron la “pata local” de una organización criminal de carácter trasnacional y fuertemente vinculada al narcotráfico, tanto por la talla de los integrantes como por el móvil de la empresa delictiva.
La captura de Herrera se ejecutó el 3 de agosto de 2023, mientras la víctima compartía un asado con amigos en su casa, en el barrio Policial. Para ello, los acusados actuaron encapuchados, con armas y se presentaron como policías, pero no estaban uniformados.
Luego, la víctima fue trasladada a la vivienda del barrio Santa Rita II, donde le cubrieron la cabeza, la maniataron y luego comenzaron a golpearla, someterla a torturas y a exigirle a su familia que aparezca su tío para que entregue el dinero y la droga que presuntamente les debía.
Para lograr su cometido, y según lo exhibido en la audiencia, le enviaron por WhatsApp un video a la familia de Herrera en el que se veía a la víctima golpeada y el momento en que uno de los captores, con una pinza, le arrancaba la uña del dedo meñique de la mano derecha.
Pese a las amenazas para que no den aviso a la policía, los parientes llamaron al 911 y, a partir de allí, luego de una inicial intervención de la policía y la fiscalía provincial, el área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta encaminó las tareas investigativas en procura de rescatar a Herrera.
En la casa de la víctima se implementó una vigilancia que permitió detectar la presencia del imputado Choque Aguirre, quien había llegado para insistir con el pago del dinero o la droga que reclamaba, o bien para que los familiares aportaran el domicilio donde se hallaba oculto el tío del secuestrado.
Este imputado fue detenido, como también el chofer del taxi en el que había llegado, Aurelio Maldonado, quien, si bien fue uno de los acusados en la audiencia de formalización del caso el 8 de agosto de 2023, luego fue sobreseído en razón de que su participación fue circunstancial.
Posteriormente, y en función del aporte de un imputado colaborador, se ubicó la vivienda del barrio Santa Rita II donde Herrera estaba cautivo. La policía provincial irrumpió en la casa, redujo al resto de los acusados y la víctima fue hallada debajo de una cama, con gravísimas lesiones.
Veredicto
El tribunal compartió los argumentos expuestos por la fiscalía y la querella. Ambas partes acusadoras coincidieron en que los imputados integraron una “célula trasnacional” que se conformó con el único fin de concretar el secuestro.
Indicaron que hubo una actuación conjunta y coordinada, y que el móvil de ese accionar fue el cobro del botín exigido a los familiares de la víctima.
Contundencia probatoria
Si bien se llegó a las siete condenas -falta resolver la situación de Ruiz-, mediante una salida alternativa de resolución de conflicto, en parte con un acuerdo pleno y otro parcial, el fiscal Toranzos sostuvo que la aplicación de estas herramientas procesales, se debieron en gran parte a la contundencia probatoria alcanzada durante la investigación del caso.
En ese marco, resaltó el profesionalismo del grupo investigativo de la Policía de la Provincia de Salta que rescató a la víctima, de los peritos y distintos gabinetes criminológicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales provincial, y el aporte de Gendarmería Nacional en el análisis de las cámaras que ayudaron a reconstruir todos los movimientos de la organización criminal.
Las penas impuestas, según el fallo del tribunal, reflejan una preocupación por el avance del narcotráfico, pues los jueces reconocieron que este tipo de delito es uno de los más graves contenidos en el Código Penal y, en el caso de Salta, no es el primero vinculado al narcotráfico, por lo que las condenas encierran también un “mensaje preventivo”.
