El Tribunal Oral Federal N°2, integrado por María Alejandra Cataldi, Domingo Batule y Gabriela Elisa Catalano (presidenta), condenó el 1° de julio pasado a Pablo Javier Fernández y a Ricardo Fabián Rodríguez a las penas de 8 años de prisión y de 6 años y 6 meses de prisión, respectivamente, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en grado de coautores.
Asimismo, se dispuso el decomiso a favor del Estado Nacional de una camioneta Toyota Hilux utilizada para el transporte de 97 kilos de cocaína. El estupefaciente estaba distribuido en 95 paquetes acondicionados en un doble fondo adicionado a la caja del vehículo.
Estas condenas se sumaron a la impuesta a Félix Carlos, otro integrante de la organización, cuya situación procesal había sido resuelta a través de un acuerdo de juicio abreviado homologado por el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, quien lo condenó a una pena única de 10 años de prisión, ya que el acusado estaba en libertad condicional cuando cometió el delito.
La investigación y litigación del caso fue llevada adelante por el fiscal general Eduardo José Villalba, con la intervención de la auxiliar Florencia Altamirano, cuya labor fue destacada por el tribunal de juicio, que también ponderó la actuación de la Gendarmería Nacional y de la Policía provincial, que trabajaron de manera mancomunada, tal como lo promueve el Código Procesal Penal Federal, vigente en Salta desde el 10 de junio de 2019.
El hecho puesto en debate sucedió el 28 de mayo de 2023, cuando, a raíz de una investigación que la fiscalía había iniciado en diciembre de 2022, fue detenida una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Ford Focus, que provenían de la capital provincial y se dirigían a Cafayate, para luego seguir por Catamarca y La Rioja, y finalmente llegar a Córdoba.
La detención se produjo en el puesto de control de la localidad de Viñaco, sobre la ruta 68, a la salida de la localidad de El Carril. La fiscalía había dispuesto en el lugar una cobertura especial de las fuerzas de seguridad, pues contaba con información precisa respecto a los vehículos, en los que iban los tres integrantes de la organización ahora condenados.
El primer rodado en llegar al puesto fue la camioneta, conducida por Rodríguez, quien transportaba los 97 kilos de cocaína. Por detrás, llegó el auto en el que viajaban Carlos, como chofer, y Fernández en calidad de acompañante.
En principio, el personal de la policía local actuó de manera habitual, pues en el puesto se realizan controles de prevención, tales como test de alcoholemia, dada la proximidad con el dique Cabra Corral, lugar que suele tener alta concurrencia por sus paisajes y otros entretenimientos turísticos.
El control de rutina cambió con la aparición en el lugar de “Aquiles”, un can antinarcóticos, que motivó que Fernández, quien esperaba sentado en el auto casi distraído, se agarrara la cabeza al ver al perro y a los gendarmes.
El hecho sucedió el 28 de mayo de 2023, cuando, a raíz de una investigación que la fiscalía había iniciado en diciembre de 2022, fue detenida una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Ford Focus, que provenían de la capital provincial y se dirigían a Cafayate, para luego seguir por Catamarca y La Rioja, y finalmente llegar a Córdoba.
En la requisa, “Aquiles” olfateó y rascó en el sector de la caja, donde estaban los 97 kilos de cocaína, tal como lo dijo el fiscal en su alegato.
El cierre hermético que protegía la droga no fue sencillo de superar, por lo que se necesitó un segundo examen con un scanner portátil que confirmó la existencia de los paquetes. La carga se pudo extraer cuando, con la ayuda de amoladoras, se partió la caja hasta dar con el doble fondo oculto.
Según lo expuesto en el proceso por los representantes del Ministerio Público Fiscal, el cuadro no exigía mucha explicación: Rodríguez era el transportista. En efecto, su defensa acordó no discutir su responsabilidad penal sino solo debatir sobre la determinación de la pena.
Carlos, conductor del auto, tuvo una actitud parecida, pues reconoció su rol en la organización y acordó su pena mediante un acuerdo pleno. Fernández, por su parte, tampoco discutió la materialidad del hecho y solo cuestionó que conociera la operación de tráfico.
Fernández insistió en que su presencia en el escenario de los hechos fue casual, tras lo cual reiteró su coartada, consistente en que el día del hecho Carlos se presentó en su casa y le pidió que lo acompañara a Cafayate para llevar un auto que había comprado, por lo que le ofreció un pago de 40 mil pesos.
El acusado se mostró como el principal sorprendido cuando se encontró droga en el procedimiento de Viñaco. Dramatizó la casualidad de que Rodríguez condujera la camioneta, dado que el 4 de noviembre de 2019 ambos fueron condenados por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta por un hecho de transporte de estupefacientes con una pena que, en su caso, fue de 6 años de prisión.
También reconoció que sabía de los antecedentes de Carlos por narcotráfico. No obstante, dijo que aceptó su propuesta de ir a Cafayate y, en todo momento, describió sus propios movimientos como un dependiente de su amigo. Explicó que Carlos, antes de bajarse del rodado en Viñaco, le dio su teléfono celular, con lo cual trató de explicar por qué lo tenía en su poder.
Los paquetes estaban ocultos en un doble fondo de la caja de una camioneta. Foto: Gendarmería Nacional
Alegatos y resolución
La fiscalía produjo una importante carga probatoria, tanto testimonial como documental, que permitió acreditar que Fernández coordinó el traslado y que incluso tuvo preeminencia por encima de Carlos.
En su alegato, la fiscalía sostuvo que acreditó con certeza absoluta el hecho descubierto como resultado de una “tenaz” y “paciente” investigación. En ese marco, el fiscal general rechazo de plano la coartada de Fernández.
“Sostuvo que después de ser condenado juró que nunca más iba a incurrir en otro hecho de drogas. Sin embargo, acompaña a Carlos, viejo narcotraficante, conocido en el ambiente. Ni el más distraído lo acompañaría, ni siquiera hasta el almacén y mucho menos a subirse a un auto con el mismo”, enfatizó.
Villalba afirmó que Fernández, junto a Carlos y Rodríguez, conformaba una organización narco que se dedicaba al traslado de la droga -proveniente del norte de la provincia- hasta Córdoba, para lo cual se valían de la camioneta, en la que iba la carga, y el auto, que hacía de coche puntero.
Describió que la modalidad consistía en realizar el viaje de ida por la ruta más larga, pero más segura para sus fines, pues a lo largo de ese camino había menos controles de las fuerzas federales y eran más frecuentes los de la policía de la provincia.
Sostuvo que los integrantes de la organización salían de Salta por la ruta 68 hasta Cafayate, para seguir hacia Catamarca y La Rioja, donde retomaban la ruta 34 para ingresar a Córdoba. Y explicó que el retorno, en tanto, lo hacían de manera más directa, pues ya volvían sin carga.
Añadió que el acondicionamiento de la droga les había permitido sortear varios controles. Y explicó que, sin embargo, una denuncia anónima que la Gendarmería recibió en diciembre de 2022, en la que se daba cuenta de su accionar, permitió desbaratar la organización.
El fiscal general sostuvo que los datos aportados en aquella denuncia no fueron suficientes, pero indicó que la firme convicción de la fiscalía y los investigadores permitieron establecer primero la participación de Rodríguez, quien condujo a sus cómplices, sobre todo porque no practicaba ciertos resguardos -como los que tenía Fernández-, quien borraba manualmente de su teléfono celular todos los mensajes y audios vinculados a las operaciones de tráfico.
La auxiliar fiscal ilustró con mayor profundidad el rol y movimiento de la organización. Con la ayuda de una línea de tiempo, presentó pruebas que hacen presumir la participación de los tres acusados en otros cuatro hechos de transportes de drogas a Córdoba.
La fiscalía describió que la modalidad de transporte consistía en realizar el viaje de ida por la ruta más larga, pero más segura para sus fines, pues a lo largo de ese camino había menos controles de las fuerzas federales y eran más frecuentes los de la policía de la provincia.
Estas pruebas surgieron principalmente de las numerosas comunicaciones que mantenía Rodríguez con Fernández, quien -como era el coordinador de los viajes- se encontraba por encima de los otros dos. La funcionaria detalló fechas y hora de los mensajes y audios que los integrantes de la organización se enviaban.
Explicó que cada uno de los acusados tenían dos teléfonos celulares: uno era de uso personal y el otro “operativo”, para intercambiar mensajes durante los transportes de la droga, en los cuales Rodríguez siempre era el transportista, en tanto que los otros dos iban por delante.
La auxiliar fiscal expuso el día de su detención no cumplieron con esa organización, pues la camioneta iba primero. La defensa de Fernández intentó utilizar esa circunstancia en su favor, pero la fiscalía explicó el motivo de esa inversión de los roles.
En ese sentido, la representante del MPF indicó que hasta Coronel Moldes, donde recién existe el primer control de la Gendarmería, los acusados no tuvieron necesidad de hacer un “barrido” de la ruta. Ello surgió de una serie de mensajes enviados por Rodríguez, en los que se quejaba porque el Ford Focus venía por detrás. Sus interlocutores le respondieron que en Moldes iban a ponerse por delante.
La auxiliar fiscal refirió que el secuestro posterior de los teléfonos permitió profundizar el cuadro probatorio en contra de los acusados. Ejemplificó que, al regreso de cada viaje de Córdoba, Rodríguez solía gastar dinero y realizar visitas a los casinos de la ciudad.
La fiscalía cerró su alegato y solicitó la declaración de culpabilidad de Fernández, mientras que la defensa insistió con su coartada y aludió a una supuesta estigmatización de su defendido, dado sus antecedentes.
Al fallar, el tribunal coincidió con los argumentos de la fiscalía. La jueza Catalano resaltó la coincidencia entre las declaraciones testimoniales y la prueba documental exhibida, entre ellas los informes sobre la ubicación de los teléfonos celulares y el impacto con antenas de telefonía, tanto en la zona del procedimiento como en la ruta que hacían los acusados hacia Córdoba.
“Fernández estaba al tanto de todo, conocía el transporte. Con los análisis de las líneas telefónicas, podemos tener por acreditada su participación en los viajes, incluso desde el mes de marzo”, sostuvo la jueza, quien insistió en que “la versión del acusado no tiene ningún asidero”.
Cataldi, por su parte, indicó que la fiscalía cumplió en el debate, con su alegato de apertura, pues se “ha superado, con grado de certeza” la participación del imputado en el hecho adjudicado. “Los mensajes, incluso los que borraba, dan cuenta de que sabía lo que hacía”, indicó la jueza.
Rechazó además la versión brindada por el acusado y su pedido para que crean en su coartada. “No es cuestión de fe, sino de probanza”, respondió la jueza, quien también rechazó la alegación de estigmatización planteada. Batule, por último, coincidió con sus colegas y afirmó que “de no haber existido la investigación previa, el transporte habría sido exitoso”.
