La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mariana Torres, Carlos Salinas y Daniela Murúa, dirigió hoy el allanamiento del domicilio particular del juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Parisi. Esta medida requirió la autorización previa de la Corte de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 y 17 del Código Procesal Penal de la Provincia, en relación al domicilio del magistrado.
Simultáneamente, el juez de Garantías Raúl López autorizó la detención del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, y del abogado Roberto Ortega Serrano. El intendente Martínez se presentó de forma voluntaria en el Juzgado de Orán, por lo que el juez de Garantías solicitó la presencia de la policía de la provincia para hacer efectiva la detención.
Posteriormente, se llevó a cabo la detención del abogado Ortega Serrano, durante la cual se le secuestró su camioneta, teléfono celular y la suma de 400 mil pesos en efectivo.
Es importante destacar el trabajo investigativo realizado desde el inicio de la causa, y ejecutado en las medidas adoptadas hoy, por el Departamento de Investigaciones del Cuerpo de Investigadores Fiscales, bajo la dirección del Comisionado Coadyuvante de la Procuración, Crio. Gral. Juan Ramón Miranda. El despliegue operacional se desarrolló en coordinación con diversas áreas investigativas GAP Salta, Tartagal, Orán, la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) Salta Capital, Zona Norte, así como el personal de UDIS y el grupo especial de UFINAR.
Se allanaron un total de ocho domicilios, incluyendo la vivienda particular del juez Parisi, donde fue necesario recurrir a la fuerza pública al no encontrarse nadie presente, así como el domicilio de su esposa. También se allanaron la vivienda del abogado Ortega Serrano, y tres propiedades del intendente Martínez: dos en Aguas Blancas y una en Orán.
Cabe recordar que la sospecha investigativa sostiene que el juez Claudio Parisi obstruyó la investigación de la muerte de César Martínez, permitiendo el acceso indebido del abogado Roberto Ortega Serrano a un expediente de su juzgado y comunicando al intendente Martínez, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía planeaba allanar sus domicilios. Esta intervención del letrado referido no registra fundamento procesal alguno para tal accionar, menos aun de la transferencia de esa sensible información, todo lo que, objetivamente podría haber perjudicado el trámite en curso de las labores investigativas, que estaban dirigidas al aseguramiento de indicios probatorios necesarios para responder a la autoría y móvil del homicidio en cuestión.
