El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dispuso hoy la admisibilidad formal de las acusaciones que fueran formuladas por el Procurador General de la Provincia y el Defensor General de la Provincia contra la Defensora Oficial Civil 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz. Se dispuso además suspenderla provisoriamente y trabarle embargo sobre el 30 por ciento de los haberes de la funcionaria enjuiciada.
Las acusaciones contra la funcionaria podrían configurar –dijeron los miembros del Jurado de Enjuiciamiento- “prima facie, mediante una valoración integral y armónica, y con el grado de probabilidad requerido en esta instancia, las causales de comisión de delito común, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.
Las acusaciones –sostuvieron- no pueden ser tomadas como “simples disconformidades” con la actuación de Díaz en el desempeño de su función. “No se tratan solo de apreciaciones subjetivas o pareceres acerca de la forma en que ha desarrollado la magistratura oportunamente encomendada; por el contrario, en esta etapa procesal se aprecia que se han expuesto argumentaciones suficientes que sustentan, siempre en un primer orden de análisis, indicios sobre cuya base se podría arribar a la conclusión de la existencia de aquellas causales de remoción, con especial sustento en la prueba arrimada hasta esta instancia al Jurado.
Los miembros del Jurado resolvieron abrir la causa a prueba por el término de 20 días pudiendo, durante los primeros cinco días, ratificar o ampliar aquella prueba ofrecida en el inicio del proceso. Una vez incorporada esta prueba se fijará día y hora para el inicio del debate.
La reunión del Jurado fue encabezada por el Presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, con la presencia del Juez de Corte Horacio José Aguilar; el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina; el senador Jorge Pablo Soto (representante por la mayoría); la senadora María Silvina Abilés (representante por la primera minoría); la diputada provincial Alejandra Beatriz Navarro (representante por la primera minoría de la Cámara de Diputados); el abogado de la matrícula designado por el Senado, Guillermo López Mirau y el abogado de la matrícula designado por la Cámara de Diputados, Pedro Mellado.
