El Ministerio de Seguridad a través de la Policía de Salta trabaja intensamente para dar cumplimiento al Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Gobierno Nacional que establece el Aislamiento Preventivo Obligatorio para resguardar la salud pública de todos los ciudadanos ante la pandemia COVID-19.
El secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, supervisó distintos operativos realizados por la policía en barrios de Salta Capital e informó que hasta el momento en toda la provincia se detuvieron a más de 180 personas por transgresiones al DNU y a los artículos 205 y 239 del Código Penal Argentino.
Las detenciones se registraron en Salta Capital, Orán, Tartagal, Cafayate, Joaquín V. González, Metán, Salvador Mazza, y Rosario de la Frontera en el marco del Operativo Emergencia Sanitaria Coronavirus dando cumplimiento al DNU Nacional.
La mayoría de las personas no supo justificar su permanencia en la vía pública como lo indica la normativa sobre el Aislamiento Preventivo Obligatorio por lo cual al detectar esta situación la policía da intervención a los fiscales federales de las distintas jurisdicciones.
Cabe destacar, que la Policía patrulla las 24 horas en toda la provincia para resguardar la salud y seguridad de la ciudadanía; también refuerza los controles en lugares de mayor circulación, avenidas y rutas de la provincia.
La población puede abastecerse de alimentos y medicamentos comprando en comercios de cercanía domiciliaria, y con la circulación de un solo miembro familiar. También pueden circular en caso de asistencia médica por cualquier tipo de patología o afección sanitaria.
Solo están exceptuados de la restricción quienes prestan servicio de seguridad pública, de salud pública y privada, transportes y producción de alimentos, artículos de limpieza, medicamentos, empleados de comercio alimenticio, farmacias, provisión de combustibles, periodistas y funcionarios públicos, entre otros sectores específicos indicados en el DNU, entendiendo que ante la Emergencia Sanitaria Nacional deben seguir trabajando para garantizar la salud, abastecimiento de la población y el normal funcionamiento de los servicios públicos.
