El fiscal penal de Violencia Familiar y Género 3 interino, en feria, Gabriel González, imputó de manera provisional, por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y por el género y desobediencia judicial, en concurso real, a un hombre de 46 años.
Tras constataciones realizadas por personal policial, se le endilga al imputado haber agredido físicamente con golpe de puño a su pareja con quien convive hace 17 años, hecho ocurrido en la madrugada del pasado 30 de diciembre, en un domicilio de barrio San Antonio. Según el relato de la profesional de guardia que asistió a la mujer, ésta le manifestó que su marido en estado de ebriedad, le asestó un golpe de puño.
Las lesiones que sufrió la damnificada fueron constatadas por una médica odontóloga de la guardia del Hospital San Bernardo, quien la asistió el día 9 de enero de 2023, diagnosticando: “trauma facial por violencia de género. Al examen clínico y por imágenes se observa fractura de arco cigomático izquierdo. Se programa cirugía”.
En cuanto al delito de desobediencia judicial del que se lo acusa, se relaciona con la vigencia de las medidas ordenadas por el Juzgado de Violencia Familiar y Género 1, por el accionar del imputado, quien además, padece de consumo problemático de sustancias.
Dadas las características del hecho, del relato de lo sucedido y ante la negativa de la damnificada de radicar denuncia, el fiscal Gabriel González actuó de oficio, por tratarse de una cuestión de interés público.
Para ello, debe considerarse, sostiene el fiscal, que “el Estado argentino, mediante la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), asumió el compromiso de prevenir, investigar y castigar la violencia contra la mujer, de modo tal que la lesión leve agravada, por estar encuadrada en una situación de violencia de género, podría conformar la hipótesis de interés público”.
Sobre el imputado pesa el antecedente de una condena de dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de coacción, que data de octubre de 2020, en perjuicio de la damnificada.
Durante la audiencia de imputación, el acusado brindó su versión de los hechos. En tanto, el fiscal González solicitó al Juzgado de Garantías en turno, el mantenimiento de detención e informe psicológico y psiquiátrico.
