El acuerdo se formalizó ante la Corte de Justicia durante la audiencia convocada en virtud de la causa iniciada por el Comité para la Prevención de la Tortura en Salta.
La Provincia de Salta y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes comparecieron esta mañana ante la Corte de Justicia, en una audiencia de partes que abordó la situación de las personas detenidas en dependencias policiales y carcelarias provinciales.
El encuentro tuvo lugar en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, en el marco de la causa “Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta vs. Provincia de Salta - Hábeas Corpus”.
Durante la sesión, las partes destacaron la importancia de esta audiencia como un espacio propicio para el diálogo y la conciliación. En ese marco, reconocieron la urgente necesidad de intervenir y coordinar esfuerzos para abordar la compleja situación que atraviesan las personas privadas de libertad en la provincia.
Para ello se resolvió trabajar en un acuerdo que será presentado ante la Corte de Justicia el próximo 25 de marzo, tras consensuar plazos específicos para el cumplimiento de cada uno de sus puntos.
El acuerdo, en concreto, establece la creación de una Mesa de Coordinación Interinstitucional, que estará compuesta por tres comisiones destinadas a tratar de manera integral y coordinada temas cruciales. Las comisiones se encargarán de:
la planificación e infraestructura del sistema carcelario;
el cumplimiento de normativa sobre el tratamiento de personas alojadas en comisarías y la planificación de su traslado a dependencias carcelarias; y
la implementación de herramientas tecnológicas para optimizar la gestión del Servicio Penitenciario.
La primera comisión se enfocará en la revisión y mejora de las instalaciones carcelarias existentes, así como en la planificación de nuevas unidades penitenciarias.
La segunda comisión se centrará en garantizar un trato digno para las personas detenidas, abordando aspectos fundamentales como la atención médica, alimentación, visitas, higiene personal y educación, entre otras. Asimismo, se coordinará el traslado inmediato de algunas de estas personas a instalaciones del Servicio Penitenciario y se evaluará el traslado progresivo de otras en función de las condiciones de infraestructura y servicios disponibles. Se trabajará también en la inhabilitación de las Comisarías Nº 3 y 4 de Tartagal para el alojamiento de condenados.
Por último, la comisión dedicada a la implementación de tecnología explorará estrategias innovadoras que permitan mejorar la gestión penitenciaria, agilizar los procesos judiciales y ofrecer alternativas al encarcelamiento, asegurando la trazabilidad de los datos generados por los organismos involucrados.
