Estafa de Agrinvert: piden la prisión efectiva para dos imputados

Se realizó hoy la audiencia de alegatos en un juicio por estafas reiteradas (27 hechos). Los imputados son dos hermanos (49 y 46) y la esposa (45) de uno de ellos. Están acusados de estafar a varias personas a través de una financiera llamada Agrinvert S.A., con la modalidad de esquema Ponzi.

La parte acusatoria sostuvo que los imputados engañaban a los damnificados asegurando que eran especialistas en actividades de inversión lucrativas (en estaciones de servicio de Estados Unidos, loteos, emprendimientos, microcréditos) que en realidad no existían.

En sus alegatos, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó para uno de los hermanos la pena de siete años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de estafas (27 hechos). Para la pareja de este imputado solicitó la pena de siete años de prisión efectiva por 26 hechos de estafa. Finalmente, para el tercer imputado –hermano del anterior- la fiscalía solicitó la pena de tres años de prisión condicional por 26 hechos de estafa. Se tuvo en cuenta que su crecimiento patrimonial fue menor y su intervención en los ilícitos fue menos activa que en el caso de su hermano y su cuñada.

La fiscal pidió la detención inmediata en la audiencia en caso de que a los dos primeros imputados se les dicte la pena solicitada. Consideró que existe presunción de fuga dado que el dinero de los damnificados existe y está en alguna parte. De allí que pueda presuponerse que los acusados tienen los medios económicos para abstraerse del cumplimiento de la pena efectiva.

Finalmente, la representante del Ministerio Público solicitó la aplicación del artículo 29 inciso 1 del Código Procesal Penal que establece que el juez podrá fijar una indemnización para volver las cosas al estado anterior de la ejecución de los hechos. Para ello deberían realizarse las medidas necesarias para rastrear el patrimonio de los acusados. La indemnización quedaría fijada en la suma de 18.819.375 pesos y 248.564 dólares más los índices de actualización correspondientes.

La audiencia de debate es presidida por el juez Eduardo Raúl Sángari, de la Sala II del Tribunal de Juicio.

Por la tarde continuarán los alegatos de la parte querellante y de las defensas de los acusados.

Según consta en la causa, la mayoría de las personas damnificadas firmaron contratos de mutuo pesos con la firma, cuya presidenta era la imputada, entregando diferentes sumas de dinero con el fin de que fueran invertidas para generar ganancias. La financiera se comprometía a cancelar el crédito en determinado plazo con el reintegro del capital más los intereses pactados.

Las oficinas de la firma funcionaban en el primer piso de un hotel ubicado en pleno centro (Buenos Aires y Caseros). Según declararon los damnificados, los imputados promocionaban su actividad comercial entre personas de alto poder adquisitivo. Muchas veces eran conocidos y amigos que, a su vez, les pasaban el dato a otros familiares que también caían en el engaño.