El juez Eduardo Raúl Sángari, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio, condenó a dos hombres y a una mujer por delitos de estafa cometidos a través de una financiera llamada Agrinvert S. A.
El acusado Alejandro Daniel Cedrón resultó condenado a cinco años y tres meses de prisión efectiva como coautor del delito de estafas reiteradas (27 hechos), en concurso real.
También por estafas reiteradas (26 hechos) en concurso real, María Rosa Manzano –esposa del anterior- resultó condenada a la pena de cinco años de prisión efectiva.
En tanto que Eduardo Martín Cedrón –hermano del primero- fue condenado a tres años de prisión condicional por estafas reiteradas (26 hechos). El juez le impuso reglas de conducta por el término de la duración de la condena. Entre ellas, no cometer nuevo delito y abstenerse de salir del país sin autorización del tribunal.
En el fallo, los tres imputados resultaron absueltos de uno de los hechos de estafa denunciados por retiro de la acusación fiscal.
El juez hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y ordenó la prisión preventiva e inmediata detención y traslado de los condenados Alejandro Cedrón y María Rosa Manzano a la Alcaidía General local. Desde allí serán derivados a las unidades carcelarias correspondientes.
Además dispuso que una vez firme la sentencia se ordene la restitución al estado anterior a la comisión de los delitos, por lo cual ordenó que se comunique lo resuelto al Banco Central de la República Argentina, a los Registros de Propiedad e Inmuebles de todo el país y a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor. El juez indicó que, en caso de que la investigación arroje resultado positivo, se dispongan los correspondientes embargos sobre los bienes informados hasta cubrir el capital invertido por las víctimas más los intereses correspondientes.
El juez hizo lugar a la demanda civil interpuesta por una de las damnificadas y condenó a los tres imputados al pago de 338 mil pesos, 20 mil dólares y 350 mil pesos, esta última cifra en concepto de daño moral, una vez que la sentencia quede firme.
Según consta en la causa, la mayoría de las personas damnificadas firmaron contratos de mutuo pesos con la firma, cuya presidenta era la imputada, entregando diferentes sumas de dinero con el fin de que fueran invertidas para generar ganancias.
La financiera se comprometía a cancelar el crédito en determinado plazo con el reintegro del capital más los intereses pactados.
Las oficinas de la firma funcionaban en el primer piso de un hotel ubicado en pleno centro (Buenos Aires y Caseros).
