En este marco, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, instó a los fiscales a coordinar reuniones con los jueces de Garantías, con el objetivo de establecer un protocolo para el uso de vehículos y dinero secuestrados que serán afectados para combatir el narcotráfico.
Es que, desde junio pasado, cuando se promulgaron las modificaciones del artículo 2 de la ley 7782 y de los artículos 5, 23 y 25 de la ley 7838, quedó establecido que las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y producto de la venta provenientes de la narcocriminalidad se destinarán a solventar investigaciones de los delitos narcocriminales. También, a la prevención, asistencia y rehabilitación de personas afectadas por el consumo de estupefacientes.
Para ello, se creará un fondo de garantía, el que estará conformado por un porcentaje de los fondos depositados producto de incautaciones. Hasta junio pasado, el Poder Ejecutivo había estimado unos 5 millones de pesos depositados en una cuenta judicial.
Por otra parte, los consejeros analizaron el uso de pulseras electrónicas en causas de violencia de género. La fiscal penal 1 de Violencia de Género, Claudia Geria, indicó que en la última partida llegaron de Nación nueve pulseras y advirtió que en lista de espera hay unos 400 casos.
Las pulseras de monitoreo son provistas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde marzo de 2017, cuando se implementó el sistema UNMOVI (Unidad de Monitoreo para Víctimas de Violencia) en Salta y otras cuatro provincias elegidas por la cartera nacional.
