En la mañana de este miércoles, el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) llevó adelante allanamientos en diferentes puntos de la ciudad de Salta.
Al respecto, los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio de la Unidad de Delitos Económicos Complejos; junto a Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, brindaron una conferencia de prensa con el balance de los allanamientos y la investigación que seguirá en curso.
Se destacó que los resultados fueron “positivos” y la investigación resultó “exitosa”, que culminó con la detención de 16 personas, de las cuales siete son funcionarios del Servicio Penitenciario (tres jefes) y los otros nueve son siete mujeres y dos varones, uno de ellos ya privado de la libertad.
Por lo tanto, todos serán juzgados por los delitos de corrupción y comercialización de estupefacientes porque los agentes brindaron colaboración para el ingreso de drogas al penal y la posterior compra-venta dentro del mismo entre los internos, y a cambio, recibían una importante suma de dinero en sus cuentas bancarias por parte de los familiares de los presos.
Además, se informó que la investigación lleva más de seis meses de trabajo, aunque con los allanamientos “vuelve a nacer” y por lo tanto continuarán trabajando en esta línea para luchar contra este modo de operar.
Por otra parte, se aclaró que el procedimiento llevado a cabo en el ministerio de Educación fue en un puesto de trabajo específico y de una persona en particular, por lo que no tiene ninguna relación con alguna actividad ministerial
Y por último, estimaron que los montos de las transferencias rondaban desde los 10 mil hasta los 80 mil pesos, por lo que también tratarán de esclarecer cuál es la razón de la diferencia de precios, y se dejó en claro que “bajo ningún concepto” está contemplado el intercambio de dinero entre un interno y sus familiares con integrantes del Servicio Penitenciario.
