El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 34 años. Tras concluir la investigación, el Fiscal entendió que se encuentran acreditados los delitos endilgados y la responsabilidad penal del imputado.
El hombre está acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones leves agravadas por existir violencia de género y haber medido relación de pareja; y abuso sexual con acceso carnal continuado.
En su declaración testimonial, la víctima manifestó haber sido pareja del imputado durante12 años, con el que tuvo dos hijas. Declaró que por haber sufrido violencia física, psicológica y sexual por parte del acusado, decidió separarse, manteniendo la convivencia en el mismo domicilio.
La denunciante detalló que el 16 junio de 2018, cuando regresaba al domicilio tras la jornada laboral, su expareja la increpó violentamente cuestionándole dónde había estado, por lo que decidió llevar a sus hijos a la casa de su hermana para preservarlos de la agresividad del imputado, quien cerró la puerta de la vivienda con llave para impedir que salieran. Luego insultó a la víctima y le quitó el teléfono celular para evitar que pudiera comunicarse y pedir ayuda.
Relató luego que con el paso del tiempo el nivel de violencia fue en aumento, hasta que el imputado intentó ahorcarla con un cable. Tras el episodio, el acusado tomó un cuchillo y la amenazó de muerte para que no llamara a la policía.
La denunciante también manifestó que tras el episodio, el imputado le pidió que tuvieran relaciones sexuales para que quedara embarazada y no lo abandonara. Ante la negativa, el imputado la amenazó con matarla con el cuchillo y luego abusó de la víctima.
Por último, la mujer manifestó que el imputado anteriormente ya la había forzado a tener relaciones sexuales y que la primera vez fue cuando la víctima tenía 17 años.
El fiscal González Miralpeix sostuvo que los degradantes actos contra la integridad sexual habrían sido ejecutados mediante una terrible violencia física y psicológica, tratándose de agresiones sexuales, golpes, insultos y amenazas, conductas que la paralizaron y dejaron sin respuesta.
