Ya no será necesaria la "cédula azul", quienes no son propietarios de un vehículo que manejan, por lo que cualquier persona podrá circular dentro del país con la sola exhibición de la cédula verde del titular del automóvil.
Además, se eliminará el vencimiento de todas las "cédulas verdes". Estas medidas se implementan como resultado de la primera etapa de la auditoría que se llevó a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).
Con el objetivo de reducir costos y eliminar los trámites burocráticos, el Gobierno decidió eliminar la cédula azul a partir de mayo y cerrar el 40% de los Registros Automotores, "comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos",
Además, se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, eliminaron el Certificado de Transferencia Automotor (CETA), y los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos.
También, anunciaron que "se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos y se eliminarán los legajos físicos" y se propondrá a las Provincias "la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales".
Para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, como así también sus familiares o aquellos que no acrediten los requisitos y experiencia para cumplir la función, se implementará un "Régimen de Concursos transparentes".
El comunicado oficial indica que otra de las modificaciones es que se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales y se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos, lo que permitirá la libre competencia de oferentes.
Finalmente, el Gobierno anunció que se digitalizará la verificación policial de vehículos y se aumentará "significativamente" el importe que obliga a las personas a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.
Tras comunicar los cambios que se implementarán en base a los resultados de la auditoría que se llevó a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), inician la segunda etapa.
Esta tendrá como principal objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización del proceso y bajar los costos de transferencias y/o patentamientos.
