En medio de la tensión y la incertidumbre, el Gobierno empieza una semana de definiciones por la aprobación del Presupuesto 2025. Este martes, a las 15, el diputado libertario José Luis Espert convocó a una reunión de comisión con el objetivo de obtener los dictámenes.
Las negociaciones con los sectores dialoguistas ingresaron en un compás de espera. Básicamente, porque los pedidos de los gobernadores, principalmente, los de aquellos que formaron parte de Juntos por el Cambio -radicales y del PRO- fueron rechazados.
El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, lidera las negociaciones con los gobernadores, junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en el aspecto técnico y financiero. El aspecto netamente político está a cargo del asesor presidencial “todoterreno” Santiago Caputo, y desde jefatura de Gabinete, Guillermo Francos y Lisandro Catalán.
Las obras públicas que piden los gobernadores para sus provincias están acordadas, sobre todo aquellas que quedaron paralizadas desde la llegada de Javier Milei al poder y tienen más de un 80% de ejecución. Restan por resolver algunos detalles, pero en el gobierno aseguran que son de rápida implementación.
La discusión por la coparticipación de los fondos fiscales que recauda la Nación, las deudas con las cajas previsionales provinciales y las diferencias existentes a compensar por el pasado Pacto Fiscal del año 2017 forman parte de los desacuerdos de este último fin de semana.
Uno de los cambios que está en plena discusión es el referido a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), conformado por el 1% de la recaudación total y su destino es para ayuda extraordinaria a las provincias.
Otro punto son las asignaciones específicas de la recaudación por el impuesto a los combustibles. Las normas establecen que, de lo recaudado, el 10,40% será destinado al Tesoro Nacional, el 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), el 10,40% a las Provincias, el 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales, el 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% a la Compensación Transporte Público.
Muchos de esos fines, el Presidente los dejó de lado y los transfirió a las provincias, como el FONAVI y el Fondo del Transporte Público.
Otro planteo de los mandatarios provinciales es el financiamiento del Ente recaudador, donde se estableció que el 1,9% de la recaudación neta total será destinada para el funcionamiento del organismo. Pero el presidente Javier Milei disolvió la AFIP, redujo su planta de personal y creó la agencia ARCA, con una nueva estructura más acotada y con menos costos. Ese 1,9% de la recaudación las provincias quieren que se coparticipe.
Otro pedido de cambio es a la denominada Regla Fiscal referida a los ingresos. En el proyecto se establece que, si los ingresos fiscales se reducen, se reducen los giros a las provincias. Pero si los ingresos fiscales son superiores a los calculados o proyectados, el superávit financiero será para la Nación. Serán fondos para uso discrecional del Gobierno. Las provincias quieren eliminar esa discrecionalidad.
