Un grupo de juristas y activistas presentaron formalmente formalmente en el Congreso de la Nación el pedido de Juicio Político contra el Presidente Javier Milei por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos.
En un escrito de 25 páginas el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la referente de Soberanxs y exembajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro; el exjuez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; entre otros, le solicitaron al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el inicio del proceso de juicio político contra Javier Milei.
En la presentación en el Congreso, pidieron que se investigue tanto al Presidente como a otros funcionarios por los delitos de: instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes y la posible comisión del delito de apología del crimen.
Además, se incluye el delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público por el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, así como también la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la DADSE) que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos.
También se incluye la malversación de caudales públicos; mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otros puntos entre los que hay también cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial.
A su vez, señalaron que la legitimidad que otorga el voto popular se concreta y agota al asumir el cargo. Asimismo, se puso como uno de los argumentos centrales para solicitar el inicio del juicio político, a la puesta en vigencia del Decreto 70/2023 que “configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia”.
