Tras la aprobación de la reforma a la movilidad jubilatoria y luego de que el Gobierno anunciara que va a vetarla, grupos de izquierda y jubilados marcharon este miércoles desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo.
Efectivos policiales buscaron dispersar a los manifestantes que ocupaban parte de la calzada frente al Congreso. En rigor, la Policía Federal activó el protocolo antipiquetes.
A la marcha se sumaron movimientos de izquierda y sociales, como el Polo Obrero. En un momento, hubo empujones, tensión con la Policía y gas pimienta. Para evitar que la protesta se extiendiera hacia los carriles de la avenida Rivadavia e interrumpiera el tránsito, los efectivos policiales lanzaron gases lacrimógenos.
La Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) había convocado a una movilización para este miércoles a las 15 desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo para reclamar contra el anuncio de veto de Milei de la reforma jubilatoria aprobada la semana pasada por la Cámara de Senadores.
“Esto es una vergüenza, nosotros somos trabajadores, toda la vida hemos trabajado. Ahora este ladrón de Presidente dice que el país se va a fundir porque nos da un miserable aumento de $20.000. ¿Quién puede creer esa barbaridad? ¿Quién puede vivir con $10.000 por día, si tenemos que comer y comprarnos remedios?”, expresó un jubilado ante los medios presentes.
El Gobierno no descarta judicializar la reforma jubilatoria, que se aprobó el jueves pasado por la Cámara de Senadores, en caso de que el Congreso junte los números para reovcar el veto presidencial que Javier Milei ya confirmó que utilizará. Sin embargo, especialistas aseguraron que es inconstitucional judicializar la reforma e ir contra la voluntad del Parlamento.
Desde Casa Rosada explicaron que están decidiendo cuáles serán los pasos a seguir si los bloques opositores consiguen los números para oponerse al veto. “Esto atenta contra el plan del Gobierno, contra lo que votaron los argentinos y no es más que pura demagogia populista. El equilibrio fiscal no está en discusión. Después, si el camino va a ser judicializarla, porque claramente es ilegal en virtud de que no cumple con la ley de administración financiera, o si se van a recortar otras partidas, todo está en análisis y todo es posible”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
No obstante, en TN, el abogado Andrés Gil Domínguez explicó que judicializar la reforma “es constitucionalmente imposible, porque el Poder Ejecutivo no tiene legitimación procesal para hacerlo”. Además, aclaró que “si el Congreso insiste con los dos tercios de ambas Cámaras, el Presidente debe cumplir la ley”.
