En medio de las negociaciones con gobernadores y legisladores aliados, el Gobierno se puso como prioridad sostener los capítulos de la Ley Ómnibus que tengan incidencia directa en la economía. “Queremos armar un marco legal para darle garantías a los inversores y poder crecer”, le expresó a TN un funcionario.
Según pudo saber este medio, los puntos clave son la reforma laboral, las privatizaciones, el régimen de grandes inversiones y las desregulaciones hidrocarburíferas y mineras. Además, el Ejecutivo planea seguir ampliando el gasto social y trabaja en una reforma previsional.
La fórmula jubilatoria está a cargo de la mesa técnica, integrada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y su vice, José “Cochi” Rolandi, el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger, el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
En la Casa Rosada, quieren impulsar aumentos por decreto e indexación de las jubilaciones a la inflación mientras negocian con el resto de los bloques del Congreso y con los gobernadores los ejes que conformen la fórmula.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, y Posse se reunirán el viernes con los gobernadores para definir la estrategia legislativa que llevarán en conjunto respecto al acuerdo por el pacto fiscal. El Gobierno ofrece la restitución del impuesto a las Ganancias y una predisposición más flexible en el pago de deuda de las provincias con Nación.
Dentro del paquete, el Ejecutivo rechaza el aumento de las retenciones a las economías regionales y la coparticipación del impuesto PAIS y propone el blanqueo de capitales, la moratoria impositiva y modificaciones en Bienes Personales.
En la Casa Rosada, cuentan con la presencia de 15 de los 24 gobernadores, con asistencia perfecta de los mandatarios de Juntos por el Cambio. Descartan que aparezcan Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), entre otros.
Mientras que el Gobierno sostiene que la negociación es “a libro abierto”, rechaza más concesiones en la Ley Ómnibus y quiere un intercambio íntegro: las reformas por el pacto fiscal. Si consigue el acuerdo, luego tendría lugar la firma del pacto del 25 de Mayo en Córdoba y la profundización de sus 10 puntos.
En la cúpula del Ejecutivo también especulan con que el acuerdo con los gobernadores influya en el tratado del DNU 70/2023 en el Senado y en la Cámara de Diputados. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, ya le dijo a Santiago Caputo que no tiene un blindaje seguro contra los avances del jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans.
Es por eso que el Gobierno apunta a un preacuerdo con los mandatarios provinciales para poder sancionar algunas de sus reformas y evitar que se logre una fuerte oposición legislativa con mayoría en ambas cámaras conformada por los bloques federales.
Régimen de grandes inversiones, privatizaciones, desregulaciones y reforma laboral
El Gobierno se respalda en la crisis económica para condicionar el acuerdo con los gobernadores en línea con que acepten sus términos para un acuerdo legislativo orientado hacia un marco legal que incentive las grandes inversiones.
“Queremos que a las provincias les entre plata también y sabemos que los gobernadores lo necesitan. Por eso, proponemos estas leyes, que nos van a hacer crecer más rápido de forma conjunta”, le expresó a TN un funcionario.
Quieren sostener la creación de un Régimen de Incentivo para grandes Inversiones (RIGI) que se impulsó en la Ley Ómnibus.
Para el régimen de hidrocarburos, proponen que el Poder Ejecutivo Nacional fije la política nacional para “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”. En ese sentido, la ley sostiene: “El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, autorizaciones de transporte y almacenaje, y habilitaciones de procesamiento de hidrocarburos, con los requisitos y en las condiciones que determina esta ley”.
De esa forma, proponen: “El comercio internacional de hidrocarburos será libre. El Poder Ejecutivo Nacional establecerá el régimen de importación y exportación de los hidrocarburos y sus derivados asegurando el cumplimiento del objetivo enunciado por el artículo 3º y lo establecido en el artículo 6º.”
