Las jubilaciones y pensiones de ANSES subirán 11% en mayo, en línea con la inflación de marzo, según lo establecido por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274. Lo que aún no se sabe es de cuánto serán los bonos adicionales que dispondrá el Gobierno de Javier Milei para que los haberes no queden demasiado atrás de los precios.
Este incremento equivale a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que fue del 11%, según datos del Indec. Como resultado, la jubilación mínima aumentará aproximadamente de $171.283,31 a alrededor de $190.124, y la máxima pasará de $1.152.574,47 a $1.279.358. Estos valores son brutos y aproximados, sujetos a los decimales del índice utilizado.
El reajuste del 11% se aplicará sobre los ingresos de este mes, que ya han experimentado un aumento acumulado del 27,4% respecto de marzo. Con este aumento, el incremento acumulado en los primeros tres meses del año será del 79,85%, compensando parcialmente la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación.
El DNU 274 establece una nueva modalidad para la actualización de las jubilaciones, utilizando el IPC como referencia mensual en lugar de la fórmula de movilidad de la ley 27.609. Esta nueva modalidad entrará en vigor desde julio, pero durante el período de transición de abril a junio, se realizarán actualizaciones mensuales por IPC, junto con aumentos adicionales.
Si bien puede conocerse ya el porcentaje de la suba, no se sabe qué ocurrirá con los bonos, en el caso de quienes los cobran. Para el mes actual, el primero con actualización por inflación de los haberes propiamente dichos, el Gobierno decidió mantener el monto hasta $70.0000, luego de que en marzo lo había incrementado en un porcentaje muy similar al de la suba de los ingresos por movilidad.
A pesar de estas medidas, los ingresos de los jubilados han experimentado una fuerte caída en términos reales en los últimos años. En el período de 12 meses finalizado en febrero, el valor real de los ingresos cayó entre un 29% y un 47%, dependiendo de si se recibieron bonos durante ese período y en qué medida. Esta situación ha generado preocupación por la capacidad de los jubilados para mantener su calidad de vida frente a la inflación.
Por otro lado, hay más novedades para los futuros jubilados. El proyecto de la nueva ley ómnibus incluye un artículo que propone la derogación de las moratorias previsionales. Este mecanismo, utilizado por unas 800.000 personas para jubilarse sin cumplir con los 30 años de aportes requeridos por las normas previsionales, quedaría anulado si el texto es aprobado en su forma actual.
La moratoria actual permite a los interesados regularizar períodos de aportes no realizados hasta diciembre de 2008, mediante un plan de pagos extendido en hasta 120 cuotas.
Este acuerdo se gestiona con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y las cuotas acordadas se descuentan directamente del monto de la jubilación que la persona reciba al acceder al beneficio. Además, se establece un plan específico para aquellos que se encuentren a menos de diez años de la edad de jubilación, permitiéndoles comenzar a saldar sus deudas previsionales con el fin de llegar a la jubilación sin pasivos pendientes.
Estas políticas se implementaron para facilitar el acceso a una pensión a quienes, por diversas razones, no pudieron completar los requisitos formales de años de aportes, ofreciendo así una solución para mejorar su seguridad financiera en la vejez.
Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei considera que las moratorias son una de las causas de la debilidad del sistema, que ha sumado unos 4 millones de beneficiarios sin que las fuentes de financiamiento puedan cubrirlos.
De aprobarse la derogación propuesta, quienes no cumplan con los requisitos legales para jubilarse solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima.
Es importante destacar que la derogación no afectaría los derechos adquiridos por quienes ya obtuvieron la jubilación vía moratoria en el pasado. Sin embargo, aquellos que planeaban utilizar este mecanismo en el futuro se verían afectados por la medida, teniendo un tiempo limitado para regularizar sus aportes antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Esto podría tener un impacto particularmente significativo en las mujeres que están cerca de cumplir la edad de jubilación y que perderían la posibilidad de acceder a la jubilación sin cumplir con los requisitos de aportes.