Tras la convocatoria a audiencia pública para definir las tarifas eléctricas de los próximos cinco años, la Secretaría de Energía confirmó que los aumentos anuales para los usuarios finales no superarán el 10%. Esta medida se implementará a partir del 1 de abril, luego de que en 2024 las tarifas registraran un incremento del 117,8% en el marco del proceso de "normalización" del sector.
Con un enfoque alineado a las políticas económicas para contener la inflación en un año electoral, el Gobierno busca evitar aumentos superiores a ese porcentaje.
Actualización tarifaria y control de precios
Durante el primer trimestre de 2025, el Gobierno continuará con ajustes tarifarios mensuales. En este sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene los precios regulados de energía, transporte y agua como herramientas clave para desacelerar la inflación. En enero, estos ajustes oscilaron entre el 1,6% y el 1,8%.
Además, se confirmó un nuevo aumento en las tarifas de agua, con un tope del 1% en febrero, siendo este el segundo incremento consecutivo en el servicio.
De acuerdo al reporte de tarifas y subsidios elaborados por UBA-Conicet, al mes de enero, la canasta de servicios públicos en el AMBA representa un costo de $144.775 por mes en donde la energía eléctrica y el gasto en transporte representa el mayor porcentaje ($ 41.726/mes para la tarifa eléctrica y de $ 56.228 por mes en gastos de transporte).
La canasta de servicios aumentó 3% en enero, levemente por encima de la inflación que estiman los economistas para ese mes y se explica principalmente por un mayor nivel en el gasto de energía eléctrica y agua. Actualmente, esa canasta ocupa el 11,7% del salario promedio registrado. La prestación de los servicios públicos en el AMBA considerando los hogares de altos, medios y bajos ingresos paga tarifas que, en promedio, cubren el 53% de los costos, mientras que el Estado se hace cargo del 47% restante.
