Las fuerzas policiales y de seguridad podrán requerir el DNI de las personas que transiten las distintas estaciones de tren en el país. El objetivo, según lo indica la Resolución 845/2019, publicada este jueves en el Boletín Oficial, será el de prevenir delitos en este sistema de transporte.
El programa se llamará “Ofensores en trenes” y será presentado de manera oficial por los ministros de Seguridad y Transporte, Patricia Bullrich y Guillermo Dietrich, durante la mañana. Junto a ellos estarán el presidente de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, y el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia.
En concreto, el documento apunta a identificar a aquellos sobre quienes pueda pesar una “medida restrictiva de caracter judicial”. Para ello, se instruye a las fuerzas a que “extremen los recaudos y facultades de control que le son propias en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que usan el transporte público en trenes de pasajeros”.
En una primera etapa, el programa se implementará en las estaciones Retiro y Lacroze de la ciudad de Buenos Aires.
De efectivamente comprobarse la existencia de medidas, los efectivos se comunicarán con “la autoridad judicial pertinente” y labrarán un acta “de lo que en consecuencia disponga esa autoridad”.
“En caso de presentarse más de una medida judicial de carácter restrictivo, deberá informarse a los magistrados sobre la existencia de procesos concomitantes y el alcance de las restricciones vigentes”, agrega el documento. Efectivos de Prefectura y Gendarmería también estarán autorizados a llevar a cabo este proceso.
En sus considerandos, la Resolución indica que la decisión se enmarca dentro de la Ley de Seguridad Interior (25.059) y que la interceptación de un ciudadano en la vía pública por parte de la Policía con fines de identificación, en este caso exigir la exhibición de su documento de identidad, forma parte de su actividad, toda vez que tiene entre sus funciones la de ‘prevenir delitos’".
A la hora de proveer fundamentos legales para la medida, el documento cita un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que en 2016 avaló la facultad de la Policía para pedir documentos a peatones en lugares públicos con el mismo objetivo.
Fuente: Infobae
