El Gobierno intervino la empresa estatal Corredores Viales S.A. tras conocerse pérdidas millonarias y una deuda vigente con proveedores. Según las autoridades, la reorganización será un paso previo a la privatización.
Con el aval del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, la medida fue oficializada mediante el decreto 244/2025, publicado en el Boletín Oficial. Según el documento, la intervención será por tiempo indefinido, amparada en la Ley N.º 27.742.
La compañía, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, pasará a estar bajo el control de la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem. La funcionaria asumirá las facultades del Directorio y de su presidente, además de atribuciones específicas detalladas en el decreto.
Auditoría y plan de acción
Entre sus responsabilidades, Adem deberá:
Realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención.
Evaluar el estado financiero y operativo de la empresa.
Presentar una rendición de cuentas detallada.
Elaborar un plan de acción para su reformulación, que podrá incluir modificaciones al estatuto y deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía.
También se revisará la administración de compras y contrataciones, se auditará el estado de los corredores viales y se operará la sociedad durante el período de transición hasta su disolución y liquidación. Adem tendrá facultades exclusivas para representar la sociedad y podrá designar o remover personal.
Privatización y modelo de concesiones
El Gobierno busca entregar la concesión de las rutas a empresas privadas bajo un esquema de obra pública financiado por peajes. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la medida busca mejorar la infraestructura vial mediante inversión privada.
"El sector privado se hará cargo de la ejecución de obras y gestiones necesarias a su cuenta y riesgo, a cambio del derecho a cobrar peajes", explicó Adorni. En total, se transferirán más de 9.000 kilómetros de rutas, por donde circula el 80% del tráfico.
Situación financiera de Corredores Viales
La empresa estatal registró un saldo negativo en 2023, con:
Deuda con proveedores por $142.000 millones.
Pérdidas acumuladas por $268.000 millones.
Aportes del Tesoro Nacional por $301.000 millones.
Adorni aseguró que la falta de actualización en las tarifas de peajes deterioró la infraestructura vial. "El 45% de la traza que operaba Corredores Viales estaba en estado malo o crítico, con contratos de obra paralizados y un atraso tarifario del 45% respecto de la tarifa técnica", detalló.
