Este trabajo arrojó que, luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan. Las 14 provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había confirmado en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno iniciaría una auditoría en los planes sociales con el objetivo de detectar irregularidades y "transparentar" su asignación. "El Estado inicia la auditoría en todos los planes sociales de Potenciar Trabajo, que son más de 1 millón, para detectar irregularidades o planes mal asignados", sostuvo el funcionario.
En esta línea, había destacado la investigación de Marijuan "donde se acreditó que 8 mil personas además de cobrar el plan tienen alguna relación laboral con alguna de las dependencias del Estado". "La fiscalía calculó que 160 mil beneficiarios tenían el plan de manera ilegítima, pues tenían consumos que no tenían concordancia, por ejemplo, viajes al exterior", recordó.
El fiscal investiga supuesta defraudación en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo y en relación a ello determinó que más de 8.000 empleados públicos en diez provincias perciben el plan, algo que es incompatible. El funcionario judicial había pedido información al respecto a todas las provincias y ciudad de Buenos Aires y en base a lo ya recibido se hizo un entrecruzamiento de datos y se determinó la irregularidad.
La fiscalía investiga posibles delitos de "violación de deberes" de funcionario público por omisión de controlar y "defraudación" y ya detectó 8535 casos. Se trata de una investigación preliminar en el marco de la cual pidió que se suspenda o resuelva la baja del beneficio en los casos detectados y dio vista a las fiscalías federales de cada jurisdicción.
Marijuán ya presentó una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de María Servini contra eventuales responsables de controlar la adjudicación de planes sociales. Lo hizo luego de detectar que casi 160.000 beneficiarios de "Potenciar Trabajo" viajaron al exterior, muchos de ellos "en numerosas oportunidades"
El integrante del ministerio público pidió investigar "presuntas conductas ilícitas llevadas a cabo por aquellos funcionarios responsables del otorgamiento y/o contralor del Programa Potenciar Trabajo que, en principio, encuadran en el delito de violación de los deberes de funcionario público".
