El Gobierno propone recortar gastos de la política para aumentar el presupuesto de la secretaría de Educación. Se trata de los fondos que el Estado le otorga a los partidos políticos que compiten en las elecciones. El Ejecutivo busca acordar el proyecto con los bloques aliados.
La Casa Rosada quiere modificar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215), que fija las extensiones del Fondo Partidario Permanente. Está dentro de la órbita del vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y tiene una asignación presupuestaria de $2930 millones para su administración en el proyecto para 2025.
La Casa Rosada analiza impulsarlo en el corto plazo a través del presidente de la comisión de Presupuesto, el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert. Quieren acelerar el tratamiento del proyecto presupuestario en Diputados para votar en el recinto antes de fines de noviembre.
“Si quieren aumentar las partidas de las universidades, una de las vías posibles para concretarlo es reducir los fondos públicos para los partidos. El monto total no alcanza y no llega al número que propone la oposición, pero termina siendo un incremento”, expresó un colaborador de Nación.
La Dirección Nacional Electoral (DINE) tiene además asignaciones de $326.905 millones para la ejecución de actos electorales y la subsecretaría de Asuntos Políticos cuenta con un presupuesto de $694 millones para capacitación de dirigentes políticos y sociales en el Presupuesto 2025.
El Fondo Partidario Permanente se compone también de multas que se recauden por el incumplimiento de la Ley 26.215, la liquidación de bienes de partidos políticos extinguidos, donaciones, reintegros partidarios y aportes privados.
Los aportes públicos se distribuyen en proporción al total de electores de las veinticuatro provincias que eligen diputados. El 50% se entrega de forma igualitaria a todos los partidos que se presenten para competir en las elecciones y el 50% restante se divide luego en forma proporcional a la cantidad de votos obtenida en la elección previa. Lo mismo aplica para el Senado, pero en ocho distritos.
El Gobierno también quiere modificar el límite de los aportes privados de agrupaciones y personas. Apuntan a elevar del 2% al 20% las contribuciones de una misma entidad jurídica respecto de los gastos totales de la campaña. Buscan eliminar además los espacios de publicidad que distribuye la vicejefatura de gabinete del Interior.