El Gobierno justificó la exclusión del capítulo de impuestos al tabaco del nuevo borrador de la Ley Bases. El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó este viernes que los cambios en el gravamen se van a tratar en los próximos meses porque “nos generaba muchas diferencias” y “nos permitía avanzar en la discusión” parlamentaria.
El proyecto original de la Ley Ómnibus -y el borrador que circuló el mes pasado- proponía igualar los impuestos para todas las empresas del sector tabacalero, una medida que buscaba corregir las desigualdades existentes y garantizar una competencia justa. Francos, por su parte, afirmó este viernes que el capítulo para elevar los gravámenes a los cigarrillos “no valía la pena” introducirlo en el texto que logró dictamen de mayoría en Diputados porque “nos trababa el avance de la ley”.
Para Francos, hay muchas provincias que tienen “interés” debido a que la compañía de un empresario fuerte del sector, denominado ‘Señor Tabaco’, “no paga impuestos como el resto y genera una caída en la recaudación a las zonas tabacaleras del país. En esa línea, el ministro del Interior afirmó que “tenemos que llegar a un acuerdo sobre este tema”. El funcionario adelantó que el tema se tratará en una “ley posterior” que buscará “igualdad de condiciones a todas las empresas productoras” de tabaco.
El gobernador Gustavo Sáenz, cuestionó semanas atrás al Gobierno al respecto. La quita del capítulo del impuesto al tabaco “afecta a una economía regional que mantiene a más de 200.000 personas y exporta el 80% de su producción”.
El proyecto original, que se trató en enero y se retiró en febrero en la Cámara Baja, incluía un capítulo acerca de los Impuestos Internos al Tabaco. El texto dictaba que el gravamen pasaría del 70% al 73%, el alza iba a impactar en el precio del atado de cigarrillos.
“Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta y tres por ciento (73%)”, indicaba el proyecto original impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Además, también establecía una tasa específica a los cigarrillos electrónicos: “Por el expendio de Cigarrillos Electrónicos, Vapeadores y demás dispositivos debidamente autorizados para su comercialización, que administren nicotina sin tabaco, así como sus cartuchos y líquidos, recargables o no, se pagará la tasa del veinte por ciento (20%) sobre la base imposible respectiva”.
Sin embargo, los cigarrillos electrónicos están prohibidos por disposición de la ANMAT desde 2011 y la disposición no levanta la prohibición de la disposición 3226.
