El Gobierno pedirá este jueves ante Loretta Preska que revea el destino de la causa por la reestatización de YPF en 2012. El fondo Burford Capital, quien demanda, apuntará a que el reclamo es extemporáneo y una actitud "desesperada" del país.
Según adelanta el periodista Carlos Burgueño en Ámbito Financiero, la Argentina insistirá en que la causa se mude a Buenos Aires al cuestionar la operación de venta en 2008 del 25% del paquete accionario de la petrolera al grupo Petersen. El juicio le podría costar al país entre 2.500 y 3.000 millones de dólares.
Los abogados que representan a la Argentina, del estudio Skkaden, apuntan a la necesidad de investigar en Buenos Aires la posible ilegalidad de la compra, de la existencia de testigos que no pueden salir del país y que deberían declarar -como Julio de Vido- y de las dudas sobre la operación del préstamo de Repsol YPF por la cual Petersen llegó a la compañía.
El escrito agrega como argumentos para que la jueza mude la causa: la política energética del gobierno de Cristina Kirchner, incluyendo la necesidad de Preska de tomar contacto con la Justicia local para conocer la situación procesal de varios ex funcionarios. Menciona también al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, como temporario interventor de la petrolera, y el principal artífice de la reestatización, y sus declaraciones sobre la operación.
En tanto, se adelantó que el fondo Burford Capital presentará un escrito sobre la "desesperación" del país y mencionará que el Grupo Petersen ya no era el propietario de las acciones de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora -quienes poseían el 25% de la petrolera- sino que estaban en poder de la Justicia de Madrid. Según el fondo, la operación de compra de YPF nada tiene que ver con el reclamo por la manera de reestatizar y la falta de una oferta similar a la de Repsol para el resto de los accionistas.
