El Gobierno buscará profundizar el vínculo con el ala dialoguista de la Confederación General del Trabajo (CGT). Como gesto de buena voluntad, evitará impulsar reformas sindicales en el corto plazo. El Ejecutivo descarta presentar un proyecto de ley con los puntos del DNU 70/23 que fueron frenados por la Justicia, como la optatividad del pago de la cuota solidaria.
Lo mismo aplica para la penalización de las asambleas de trabajadores y de las medidas de fuerza, junto con la eliminación de la ultraactividad (prórroga) de los convenios colectivos, que busca imponer los acuerdos específicos por sobre el resto. Tampoco tienen en carpeta limitar las elecciones sindicales y modificar el esquema de obras sociales.
La Casa Rosada no reglamentó el artículo 94 de la Ley Bases, que habilita despidos en casos de bloqueos a las empresas. Definió excluirlo del decreto tras una serie de negociaciones con los lideres gremiales que encabezaron el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
La mesa chica de Nación celebró la salida de Pablo Moyano (Camioneros) de la central sindical y busca mantener la mesa de diálogo con Gerardo Martínez (UCORA) y Héctor Daer (Sanidad) para evitar paros. “No somos una gestión anti-sindicalista. Hablando nos entendemos”, aseguraron a TN en Balcarce 50.
El Gobierno busca negociar una nueva reforma laboral ampliada con la CGT a través del Consejo de Mayo, que el oficialismo busca poner en funcionamiento a principios de 2025. El representante de la central sindical será Gerardo Martínez.
El Ejecutivo quiere impulsar reducciones impositivas y trabaja en modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). Buscan aumentar la formalidad para centralizar mayor recaudación y luego avanzar con una reestructuración del sistema previsional. Se trata de la unificación de la edad jubilatoria de los hombres y las mujeres en 75 años junto a la eliminación de regímenes especiales.
La Casa Rosada ya sancionó la creación de un fondo de cese de desempleo optativo por convenio y actividad al estilo de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y el establecimiento de un período de prueba de seis meses con posibilidad de extensión a ocho meses en casos de empresas que tengan entre seis y cien trabajadores.
Impulsó también a través de la Ley Bases la eliminación de multas al trabajo mal registrado y la derogación del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). Eliminó la ley 25.323, que duplica el pago de indemnizaciones cuando se trata de una relación no registrada.
