Luego de la controvertida disertación de Javier Milei en el Foro de Davos, donde relativizó los femicidios y trató de "pedófilos" a las parejas homosexuales que adoptan hijos, trascendió que el Presidente buscaría avanzar con una batería de medidas para derogar la figura de femicidio, la Ley de Identidad de Género y el cupo laboral trans.
De acuerdo con la agencia NA, el libertario prepara el proyecto de ley que busca eliminar lo que definen como “discriminación positiva”, y que incluirá la eliminación de la caratula de femicidio contemplada en el Código Penal.
“El Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría”, argumentó una alta fuente con acceso al despacho presidencial, horas después de que el mandatario cargara en Davos contra la ideología woke y el feminismo radical.
En Balcarce 50 sostienen que “no resiste ningún análisis que el Estado tenga que hacer excepciones y darle un trato especial a un grupo particular”, y expresan que Javier Milei está en contra de impulsar una política que “defienda la diversidad de género”.
En este marco, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y el equipo que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, estarían trabajando en este proyecto, y sus posibles consecuencias, que se denominará Igualdad ante la Ley, y que busca derogar lo que definen como “discriminación positiva”.
"Tengo el deseo manifiesto de destruir la crítica y la disidencia", prometió este jueves el Presidente, y al parecer su equipo trabaja para cumplir sus órdenes.
La idea del Ejecutivo es avanzar en la derogación de la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), algunos aspectos de la Ley Micaela (Nº 27499); el DNI no binario, implementado en 2021 a través del Decreto 476/2021; la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán - Lohana Berkins” (Nº 27.636 ); la Ley de Paridad Electoral en Ámbitos de Representación Política (Nº 27.412), como los puntos más salientes.
La decisión alcanzará también a toda norma que garantice “un trato diferencial ante la ley”, lo que incluye además el cupo laboral para personas con discapacidad (Nº 22.431), que obliga al Estado a asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar.
A finales de noviembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la creación de la norma aunque sin brindar mayores precisiones del proyecto.
“La Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley. Por eso, el Gobierno Nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas. Fin”, indicó entonces el vocero.
