El plan de ajuste del Estado entró en una nueva fase. Después de la primera reducción en la estructura de la administración pública, el Ejecutivo avanza en una instancia de revisión profunda o “deep motosierra”. La tarea, que lleva adelante el Ministerio de Desregulación, ya va hacia sus dos próximas medidas: la semana que viene pondrá en marcha los exámenes a trabajadores estatales, como también se está desarrollando una inspección más incisiva sobre algunos organismos con el objetivo de definir su futuro.
En primer lugar, esta semana se abrirán los turnos para que los empleados públicos se puedan inscribir para rendir las pruebas de idoneidad, que funcionará como un certificado de aptitud para quienes quieran ingresar a trabajar al Estado. Los detalles se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial.
Estas pruebas estarán destinadas principalmente a los 40.000 empleados estatales de planta transitoria, cuya vinculación laboral anual expirará el 31 de diciembre y busquen renovar sus contratos, o a las personas que nunca hayan trabajado en la administración pública y planeen postularse por primera vez. De todos modos, la inscripción permanecerá abierta todo el año.
La aprobación del examen será obligatoria, pero no vinculante. Es decir, el buen rendimiento no implica que una persona va a quedar contratada. Pero, así como se necesita comprobar que quienes entran a trabajar en el Estado no tienen antecedentes penales, la admisión de esta prueba también será requisito de ingreso.
El test tendrá tres niveles de dificultad: una para profesionales, otra para administrativos y otra para trabajos catalogados como “servicios generales” (para puestos de tareas consideradas cotidianas como choferes o jardineros). Las preguntas estarán apuntadas a cuestiones de lógica, matemática y conocimiento sobre la administración pública.
El formato será anónimo, tendrá entre 20 y 24 preguntas multiple-choice, durará una hora y se realizará de forma presencial en las oficinas el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Cada persona tendrá tres chances para aprobar.
De todos modos, habrá algunas excepciones. Quienes no deben realizar el examen serán los trabajadores de planta permanente, quienes residan fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y quienes cuenten con un certificado de discapacidad.
“El examen no está pensado como un filtro, sino para tener un mecanismo para saber si el personal es eficiente”, explican en despachos oficiales. Y aclaran: “Es una primera vara para construir un Estado más profesional. Nadie se va a quedar sin contrato porque no tuvo la oportunidad de rendirlo tres veces”.
