La historia de los más de 100 días del gobierno de Javier Milei se puede contar de varias maneras. Sin embargo, en lo que respecta al sector agropecuario tiene más oscuros que claros.
Si bien nadie duda de la enorme necesidad que hay de normalizar la economía y de quitar las absurdas trabas y burocracias instaladas que fueron socavando el deseo de desarrollo innato que tienen todos y cada uno de los actores de la agroindustria, lo cierto es que la realidad se cuenta con los hechos y hasta ahora no sólo no hubo aciertos sino que además la dirigencia rural y los productores tuvieron que salir a explicar que en la billetera del campo no queda nada para repartir.
Pareciera que fue hace meses, pero el Gobierno impulsó la ley ómnibus hace pocas semanas y allí se planteó exactamente lo opuesto a lo que los productores habían pedido durante toda la campaña presidencial: el Poder Ejecutivo -lejos de quitar el pie de encima al agro- buscó promover una suba de retenciones a todas las actividades, incluyendo las economías regionales.
Este “error no forzado” le costó al ejecutivo volver sobre sus pasos, aunque luego insistió con el aumento en el cobro de los tributos en los cultivos extensivos, para luego finalmente quitar el capítulo fiscal de la ley que -cobrando más impuestos- pretendía iniciar el camino hacia la reducción del déficit.
La historia completa es más extensa y tiene varios capítulos en los que los gobernadores y los legisladores son grandes protagonistas, pero vale la pena recordar este primer tramo de la historia para comprender que a pesar del sinceramente en el tipo de cambio y la reducción a la mínima expresión de la brecha cambiaria, no hubo políticas certeras o efectivas específicas para el campo.
En realidad, no hubo ninguna y lo único que se recuerda hasta ahora del secretario de agricultura, Fernando Vilella, es el confuso manejo de su red social X en la que criticó al propio Javier Milei al apoyar un mensaje de Martín Lousteau.
Mientras todo esto ocurría y sin dudas gracias al respaldo que le brindan a Vilella las segundas y terceras líneas, las entidades del campo no realizaron protestas ni comunicados reclamando por una mejora en la situación económica de los productores.
Sin embargo, todo tiene un límite. Ahora, las entidades que integran la Mesa de Enlace parecen haber cumplido con el plazo de gracia que le dieron a las autoridades y elaboraron un documento en el que le piden al Gobierno mayor celeridad para resolver cuestiones que consideran fundamentales para continuar en carrera de cara a la nueva campaña.
Entre los pedidos, se menciona la defensa de las economías regionales, hay una fuerte advertencia respecto de la alta presión impositiva y crecen los problemas de las producciones alejadas de puertos que son quienes sufren los altos costos de la logística.
Según pudo saber Ámbito, las entidades decidieron “reiterar el pedido de audiencia al presidente del Banco Central (BCRA), ante la falta de respuestas a lo solicitado hace ya más de tres meses, por el recargo en la tasa a los productores de trigo y soja con más del 5 % de existencias dada las necesidades crediticias ante la próxima campaña 24/25”.
Las gremiales del campo también se expresaron respecto de una baja en las retenciones y fundamentalmente por el anuncio de facilidades para la importación de alimentos. Aseguran que “si no hay igualdad de condiciones para la producción local” se generaría un riesgo muy importante para las pymes, especialmente en las economías regionales por su estructura de costos.
Entre otros temas, desde el agro se planteó la necesidad de abordar la problemática que implican los aumentos en las nuevas tasas municipales ya que constituyen un serio reclamo a la gobernación bonaerense.
Por último, se dejó en claro que gran parte de estos puntos podían integrar el Pacto del 25 de mayo, que es la fecha elegida por el Gobierno para refundar es país o al menos “reconstituir las Bases de la Argentina” junto a los jefes provinciales.
