El gobierno Nacional interrumpió el pago a prestadores del programa Incluir Salud, cuyos beneficiarios son personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas. Es decir, población que no tienen ningún tipo de cobertura médica y necesita del Estado para poder llevar adelante sus tratamientos.
Si bien los pagos se hacían en general con retrasos, había un flujo continuo. Pero desde que asumió la administración de la Libertad Avanza, las provincias advierten que Nación interrumpió los desembolsos para las prestaciones que contrata en forma directa pero que administran las jurisdicciones.
Los servicios que están en riesgo son numerosos y esenciales: medicamentos de bajo y alto costo; traslados; diálisis; oxigeno; acompañantes terapéuticos; cuidadores domiciliarios; enfermería domiciliaria; pañales y tratamientos para la hemofilia. Son casi medio millón de personas afectadas en todo el país, de las cuales 270 mil están en la Provincia de Buenos Aires. Además, hay 11.190 solicitudes de inscripción al Programa que están frenadas y sin respuesta ante los reclamos.
Recortes en discapacidad
El plan Federal Incluir Salud es un programa del Estado Nacional que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. Está diseñado para la asistencia financiera a las provincias que se adhieran, las cuales administran los fondos mediante las Unidades de Gestión Provincial (UGP).
De esta manera, cada jurisdicción brinda servicios de salud a las personas afiliadas a través de la red pública de prestadores y garantiza que todas las personas titulares de la Pensión no Contributiva (PNC) con discapacidad puedan acceder a una atención de calidad, independientemente del lugar donde vivan.
Actualmente se encuentran adheridas al Incluir la totalidad de las provincias. Se trata de un esquema que fue diseñado para el fortalecimiento económico mediante financiación específica a la red sanitaria de cada provincia, que hasta finales del año pasado venía funcionando con dificultades, pero sin interrupciones.
El mecanismo consta del envío de una cápita mensual por convenio, que le permite al sistema de salud de cada jurisdicción llevar adelante las prestaciones detalladas.
Además, asiste al personal requerido para la atención administrativa y de auditorías. Se reservan para ellos lo que se conoce como las PACBI: patologías de alto costo y baja incidencia. Allí se incluyen los servicios de prótesis; internación domiciliaria; también transporte; centros de día; hogares para pacientes de salud mental y otras discapacidades.
El camino que deben recorrer las familias para recibir la asistencia comienza en cada provincia. Allí deben tramitar las prestaciones que necesiten, pero luego los expedientes son derivados para su alta y cumplimiento al Gobierno Nacional. Los pagos se hacen a noventa días y, según informaron a Ámbito fuentes de las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, el último desembolso de la cápita fue realizado entre el 7 y el 11 de diciembre a 21 provincias, correspondiente al mes de octubre.
Según afirman, están dentro de los plazos para el pago de la cápita. Al mismo tiempo, reconocieron demoras en las coberturas de medicamentos.
Sin embargo, desde las provincias coinciden en afirmar que lo que cortó la administración de Milei son los pagos de las prestaciones que la Agencia hace en forma directa, pero que son controladas por cada gobernación. Entre ellas, transporte, centros de día, internaciones y medicamentos de alto costo. Es esta segunda vía de financiamiento que está afectada desde hace un mes y con la que se asiste al noventa por ciento de los beneficiarios.
Afectados
Esto afecta a unas 500 mil personas en todo el país que ya estaban inscriptas en el Programa. Pero, además, en estos momentos está parado el trámite de afiliación 11.190 personas que solicitaron darse de alta al Incluir y no tienen respuesta. En 2023 se solicitaron y tramitaron 38.118 y se efectivizaron 26.929 altas.
En tanto, la situación del PACBI es aún peor. Hay unos 3 mil pedidos de medicación de alto costo sin cumplir; vacantes en hogares y centros de día que desde el año pasado se congelaron, por lo que ninguna persona que necesite puede ingresar a ninguno de los conveniados y no hay nuevos convenios ni lugares para los que necesiten.
En cuanto al transporte de las personas con discapacidad (esencial para sus vidas, ya que sin ello no pueden acceder a las prestaciones de salud, educación, terapéuticas, rehabilitación, etc.) no se actualiza el valor del kilómetro desde septiembre del año pasado y ese fue el último pago que recibieron los transportistas. Con los altos niveles de inflación y el corte de la cadena de pagos, el servicio comenzó a paralizarse y peligra en todo el país.
Ante esta situación, si los ministerios de Salud de cada provincia no asumen a la población del Programa Incluir bajo sus órbitas, estas podrían quedar sin cobertura. Pero las gobernaciones advierten que no pueden hacerse cargo del 100% de las prestaciones, ni de la deuda acumulada con los prestadores.
Sólo en la Provincia de Buenos Aires, donde se encuentran más de la mitad de los beneficiarios, según informaron a Ámbito desde la cartera sanitaria bonaerense, la deuda actual que mantiene Nación con los prestadores asciende a unos 710 millones de pesos.
El escenario se repite en todo el país. Desde las autoridades sanitarias de Salta aseguran también que los pagos están cortados y tienen a unos 50 mil afiliados afectados. Ante la grave situación, en los que casos en los que las personas corren riesgo de vida, la provincia se está haciendo cargo de las prestaciones. También ante la consulta de este diario, el gobierno de Catamarca, por ejemplo, afirma que hace un mes que están cortados los pagos. Son 5 mil personas las afectadas de esa provincia.
Por el contrario, en desde CABA informaron a Ámbito que no registran aún rémoras en los pagos.
Ante esta situación y la falta de respuestas, las familias no descartan el camino de la judicialización. Desde las diferentes asociaciones de discapacidad advierten que podrían impulsar amparos para obligar al Estado Nacional a cumplir con los pagos.
Al mismo tiempo, las asociaciones que nuclean a los prestadores esperan reunirse con las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (que recién asumieron esta semana) y aguardan con expectativa lo detalles de la política y el financiamiento que destinará el nuevo gobierno para uno de los sectores más vulnerables de la población.
