En la sala 5 del tercer piso del edificio anexo de la Cámara de Diputados, un grupo de expertos, trabajadores sociales, abogados y víctimas de abusos sexuales durante la infancia o adolescencia acompañaron la presentación de un proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Lorena Matzen: la imprescriptibilidad de las diferentes modalidades de abuso sexual infantil.
El proyecto de ley tiene como objetivo lograr que el Estado les garantice a las víctimas, independientemente de la edad que tengan al denunciar o solicitar asistencia, "el abordaje integral adecuado a la denuncia antes, durante y después del proceso judicial".
"Pensamos que este proyecto viene a acompañar los avances legislativos que se dieron en el Congreso. Sabemos que la mayoría de los casos se dan en el seno familiar, en las personas de confianza, que provocan estas aberraciones a los niños y niñas. Estos delitos se pueden equiparar con los de lesa humanidad. Se dice que es una exageración, pero sabemos que cuando un niño sufre un abuso sexual es como tener una muerte en vida", expresó Matzen.
"El dolor no tiene plazo. Queremos que el Estado se haga cargo. Creemos que nuestro país tiene las condiciones para abordarlo de manera definitiva. No buscamos simplemente que la legislación esté acorde, sino que todo el Estado se movilice. La paz de las víctimas es que los abusadores sean condenados", agregó la diputada.
La legisladora estuvo acompañada en la mesa central por Ricardo Benedetti, quien relató el abuso sexual que sufrió cuando era pequeño, impulsor del petitorio "Que los delitos de abuso sexual no prescriban" en Change.org.
"A mis 8 años fui abusado por el cura Héctor Ricardo Giménez, previo a la toma de comunión en el proceso de confesión. Fue durante dos años. Mi proceso personal fue de enterrarlo en libros y televisión. Esa fue mi niñez. Como todo lo que no mata fortalece, acá estoy", narró Benedetti, quien se emocionó y no contuvo las lágrimas a la hora de relatar su sufrimiento.
"El año pasado, después de tanto tiempo de haber ocultado y guardado esa memoria que no salía a flote, me encontré con un grupo maravilloso de sobrevivientes. Recobré la memoria, supe que el cura está vivo, viviendo en La Plata. Me fortalecí e hice la denuncia. Tardé un mes", sostuvo Benedetti, quien hoy tiene 51 años.
En Argentina se sancionó, en 2011, la "ley Piazza", impulsada por el diseñador de moda Roberto Piazza, abusado sexualmente desde los 5 hasta los 17 años por su hermano mayor. La misma amplió el artículo 63 del Código Penal y permitía que la prescripción comenzara a correr a partir de los 18 años de la víctima y el plazo era la pena que le correspondiese al victimario por el delito.
Sin embargo, como poseía interpretaciones diversas y la prescripción era usada como defensa partiendo desde el delito hasta la denuncia, la ley fue modificada en 2015. Se trató de la ley 27.206 llamada "Respeto a los tiempos de las víctimas" e impulsada por la senadora nacional Sigrid Kunath.
"La ley modificada establecía que la prescripción corría a partir del momento en el que la víctima se animara a hablar. Sin importar su edad. El tema es que los operadores judiciales utilizaron el mismo discurso para relacionar y argumentar la prescripción con el año del delito. Entonces este nuevo proyecto no deja lugar a la confusión: si una ley dice que el delito no prescribe, no prescribe", explicó a Infobae el abogado penalista Jorge Ponce, quien preside la asociación civil Basta ASI.
Ponce también expuso en la presentación del proyecto y agregó: "Desde el nombre estamos condicionando. Entendemos que, justamente, teniendo en cuenta las graves consecuencias, cada víctima tiene su tiempo. Que el trauma y la herida que se tiene a veces impide que se hable, entonces ponerle tiempo es ir en contra de la génesis de este problema".
"Estamos convencidos de que hay que denunciar todos estos delitos. Una periodista me cuestionó para qué le decimos a la gente que denuncie si después el sistema judicial no responde adecuadamente. Bueno, hay que cambiar las prácticas para modificar este índice de impunidad. Sólo se denuncian el 10% de los delitos y sólo el 1% obtiene condena. Es el delito de mayor impunidad", completó el letrado.
El proyecto de ley, en su artículo 2, también establece que el Estado debe informar y asesorar, patrocinar legalmente y en forma gratuita a las víctimas, acompañar durante el proceso, tratamiento psicológico y asistencia económica.
La abogada Adriana Abrameto, quien completó la mesa de 4 que presentó el proyecto, enumeró los cuatro fundamentos de esta iniciativa legislativa: "Resolver conflicto de intereses, consagrar la evolución legislativa en este sentido, adecuar a una nueva corriente de pensamiento y garantizar la seguridad jurídica".
"El proyecto establece procedimientos del Estado para brindar asistencia integral a las personas, sin importar la edad que tenga. Que cuando precisen ayuda del Estado, la consigan. Está en nuestras manos poder dejar un mundo mejor, sin sufrimiento y con justicia. En donde los niños y niñas puedan vivir dignamente", completó Abrameto.
Fuente: Infobae
