Este lunes comienza el juicio oral contra José Alperovich, el exsenador y exgobernador tucumano por los ataques ocurridos entre 2017 y 2018 contra su sobrina y exasistente.
El debate se realizará a las 10 de la mañana, en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N°29, a cargo del juez Juan María Ramos Padilla. y se espera que declaren al menos 80 testigos De ser declarado culpable, podría recibir una pena de 15 años de prisión.
Alperovich será juzgado por seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, y por haber cometido al menos tres hechos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa. Esto surge de la investigación judicial que se inició en 2019, cuando la joven decidió hacer la denuncia.
“Denunciar fue liberarme. Hoy celebro y reconozco en ese difícil proceso el bienestar y la mejoría que cada día experimento y me confirman que callar no es para mí nunca más una opción de vida”, expresó la chica que hoy tiene 33 años, en un comunicado.
Según consta en el expediente, los ataques habrían ocurrido entre 2017 y 2018, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán. Su sobrina, de quien se resguardará la identidad, declaró que todo sucedió mientras trabajaba como asistente de Alperovich en el Senado de la Nación.
La chica detalló que los presuntos abusos se produjeron en Tucumán y en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero. Tras una investigación que llevó cinco años, la fiscalía consideró que “en todos los casos, mediando para su comisión intimidación”, el exsenador “abusó de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”.
En la investigación intervinieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que dirige Mariela Labozzetta.
Las pruebas que consideraron en contra de Alperovich fueron las pericias psicológicas, pero sobre todo las declaraciones de la ginecóloga de la víctima. La médica confirmó los dichos de la denunciante, ya que atendió a la víctima en seis oportunidades. En su testimonial, reveló las lesiones vaginales que descubrió durante una consulta en 2018, fecha coincidente con el hecho más violento relatado por la sobrina del exgobernador tucumano.
De acuerdo a la documentación que obra en el expediente, la denunciante le contó meses más tarde que aquellas lesiones fueron productos de los abusos sexuales provocados por alguien de su entorno familiar y laboral. Específicamente, asegura la profesional, la joven le dijo que el atacante era su jefe.
“Quedó comprobado cómo el imputado, utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”, señaló la acusación fiscal.
En 2022, el juez Osvaldo Rappa procesó a Alperovich por los delitos denunciados y consideró que se cometieron “mediando abuso de poder y autoridad”. Rappa remarcó en su procesamiento que la víctima sufrió un “sometimiento sexual ultrajante”.
“Basta decir simplemente que la persona para la cual trabajaba no se trataba de un desconocido para la víctima, sino una persona pública con poder político que ostentaba en la provincia de Tucumán luego de haber sido gobernador durante tres periodos consecutivos e integrante de su familia, aunque fuese lejano”, agregó el juez.
En su indagatoria ante el magistrado, Alperovich negó haber abusado de su sobrina y no aceptó preguntas. En ese sentido, la defensa del acusado alegó que se trataba de una “denuncia falsa orquestada para acabar con su carrera política” y que la denunciante era instrumentalizada por otras personas.
En principio, la causa se tramitó en la justicia tucumana. Pero, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal. De esta forma, en septiembre de 2023, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 elevó a juicio oral la causa.
A partir de este lunes se hará una audiencia por semana y, ante la gran cantidad de testigos y los tiempos de la Justicia, el proceso se extendería hasta junio, en principio. Las audiencias estarán cerradas a la prensa y al público en general, ya que se trata de un caso de abuso sexual. Solo se podrá acceder a los alegatos de apertura, al cierre y a la sentencia.
Esta decisión viene, por un lado, a pedido del abogado Ricardo Santoro, integrante de la querella, para cuidar la integridad de la víctima. Por el otro, el fiscal de juicio justificó que las pruebas que se van a ventilar en el debate podrían afectar al proceso si llegan a difundirse públicamente.
