En las últimas semanas, la ministra Patricia Bullrich anunció un ambicioso proyecto para reformular el sistema carcelario y terminar no solo con la superpoblación, sino además saldar una deuda que tiene que ver con el costo que implica mantener a miles de presos a diario.
“Estamos planificando la construcción de dos cárceles privadas, que están ya en proceso de comienzo de licitación”, declaró la ministra de seguridad durante un acto del gobierno porteño en el que abordaron la problemática del hacinamiento en las comisarías y alcaidías de CABA.
Fuentes del Servicio Penitenciario Federal explicaron a TN que una de esas cárceles estará ubicada en Ezeiza, con una capacidad proyectada para 3200 internos, mientras que la segunda será construida en la zona del litoral, para 1800 reclusos.
En cuanto al modelo de gestión de iniciativa privada propuesto para estas cárceles, una de las fuentes aseguró que difiere del sistema de privatización total adoptado en Estados Unidos, donde las empresas tienen control absoluto sobre las instalaciones penitenciarias.
En la Argentina, la propuesta plantea una gestión mixta en la que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) mantendría la vigilancia y la seguridad directa de los presos, mientras que las empresas privadas se encargarían de invertir en la construcción, mantenimiento, servicios médicos, alimentación, higiene y tratamiento de residuos.
A su vez, el sector privado se haría responsable de la administración de estas cárceles y del proceso de resocialización de los internos.
Uno de los aspectos más innovadores de esta propuesta es que las empresas pondrán el dinero para invertir en la construcción y en mantener los penales, pero el Estado pagaría un monto por cada preso alojado en estas prisiones. “Pasaríamos a ser un usuario de esa empresa prestataria que tendría a cargo una especie de concesión”, explicó la misma fuente.
Sin embargo, puntualizó que los informes sobre el comportamiento de los presos, que influyen en el otorgamiento de beneficios judiciales, seguirán bajo la supervisión y firma del SPF.
Este modelo ya fue utilizado en otros países de la región como Chile, Brasil y Uruguay, cada uno con sus propias particularidades. En todos estos casos, la colaboración público-privada generó debates sobre la efectividad y ética de privatizar parte del sistema penitenciario.
Las empresas que participan en estos contratos buscan recuperar su inversión y obtener ganancias a través de la construcción y la gestión de los servicios, lo que plantea preguntas sobre la calidad y humanidad del trato a los internos.
No es ninguna novedad que el sistema penitenciario argentino enfrenta actualmente graves problemas, incluyendo sobrecostos en la alimentación y mantenimiento de los reclusos, y condiciones inadecuadas en algunas instalaciones, como la contaminación del agua en Marcos Paz, una denuncia que hizo el Gobierno en los últimos meses.
En este contexto, el nuevo proyecto busca reducir estos costos y mejorar las condiciones de vida de los internos, así como también delegar parte del control a un privado.
Según pudo saber TN, la licitación de estas cárceles privadas se proyecta para comenzar en un mes y medio, con la coordinación de la Secretaría de Concesiones del Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Aunque hay intereses diversos en juego, el Gobierno priorizará las propuestas que ofrezcan las mejores condiciones y costos para el Estado.
“Hay muchos interesados que ya se comunicaron para formar parte del proyecto, tanto a nivel nacional como de afuera del país, pero se hará de manera transparente por medio de licitación y saldrá elegida la empresa que tenga la mejor oferta”, aseguró otra fuente del SPF.
Cuánto gasta el Estado en mantener al Servicio Penitenciario Federal
En el presupuesto de 2024, se proyectó casi $183.000 millones para el Servicio Penitenciario Federal. Este monto incluye diversas partidas para actividades centrales, seguridad y rehabilitación de los presos, cooperación técnica y financiera para la laborterapia de internos, y formación y capacitación.
Según fuentes del Gobierno, actualmente el mayor gasto se destina a recursos humanos, es decir, al personal penitenciario, así como también a la atención médica y en la comida que se le da a los presos todos los días.
Uno por uno, los gastos del Servicio Penitenciario Federal que figuran en el Presupuesto para 2024:
Actividades Centrales: se destinan más de $25.746 millones, con 1990 cargos de personal.
Seguridad y Rehabilitación del Interno: se proyectan $139.398 millones, con 15.472 cargos. De ese total, se destinan $9.574.134 millones a la atención médico sanitaria, unos $6496 millones en seguridad y traslados, y $123.327 millones en alojamiento y tratamiento.
Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos: presupuestaron unos $14.516 millones en 2024. Disponen de 246 cargos de personal, con un gasto de $1.773 millones. En bienes de consumo destinan $1.170 millones, en servicios no personales $11.437 millones, y en bienes de uso unos $135 millones.
Formación y Capacitación: se proyectan $3-260 millones, con 446 cargos de recursos humanos.
