La Justicia condenó al ex vicepresidente Amado Boudou, ya preso por la causa Ciccone, a pagarle medio millón de pesos al empresario Antonio Tabanelli, a raíz de una indemnización por daño moral. Según pudo saber Infobae, la decisión fue tomada ayer por la jueza en lo civil federal 1, Silvina Andrés Bracamonte. Si bien la indemnización fue fijada en 500 mil pesos, la suma de los intereses implicarían un pago de un millón y medio de pesos.
En 2014, Antonio Tabanelli, propietario de Boldt, denunció a Boudou. Le reclamaba $11 millones, suma que aseguraba haber perdido cuando estalló el escándalo Ciccone. El entonces vicepresidente lo acusó de "mafioso" y de estar detrás de una operación en su contra para desarmar la Casa de la Moneda.
"A los oídos del ciudadano desprevenido, no fue el Sr. Boudou, sino el Estado, quien le estaba indicando que 'el Sr. Tabanelli es un mafioso', lo cual le otorga un marco mayor de seriedad y credibilidad a la acusación, e incrementa su aptitud para generar en la audiencia sospecha sobre la veracidad de la calificación empleada, que razonablemente debe haber perdurado en la memoria del público pese a que las acusaciones no encontraron luego correlato en la denuncia penal efectuada", sostuvo el fallo al que accedió Infobae.
Boudou está preso en la cárcel de Ezeiza, condenado a cuatro años y diez meses de prisión por delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Se lo acusó de haber estado detrás de la compra de empresa Ciccone –la calcográfica más importante del país–, usando a la firma The Old Fund, una empresa pantalla del ex vicepresidente y que tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso. Casación confirmó esa condena en julio pasado. Además, Boudou está siendo juzgado por la falsificación de papeles de un auto y la compra de una veintena de vehículos a una concesionaria cuando era ministro de Economía.
El caso Ciccone estalló en 2012, a través de una investigación de radio Mitre que logró entrevistar a Laura Muñoz, la ex esposa de Vandenbroele diciendo que su ex pareja era el testaferro de Boudou. La Justicia comenzó a investigar. El fiscal Carlos Rívolo, entonces a cargo del caso, impulsó allanamientos y lograron establecer las primeras pruebas que cimentaron el caso.
Pero Boudou salió a rechazar las acusaciones. Lo hizo en una conferencia de prensa en un jueves santo en donde también había apuntado contra el estudio del entonces procurador Esteban Riggi, quien renunció a su cargo y tratado de Tabanelli de mafioso. "Lo que estamos viviendo hoy es la recuperación del Estado, de la Casa de la Moneda que ha vuelto a imprimir padrones electorales, papeles de seguridad para Lotería de la Nación. Eran todos negocios que Eduardo Duhalde le fue dando a la empresa Boldt y, por lo tanto, está atrás de toda la operación mediática", había dicho Boudou.
Así, Tabanelli denunció a Boudou diciendo que las afirmaciones del vicepresidente lo habían perjudicado y provocado un daño patrimonial. También afirmó que hubo una causa penal promovida por Boudou en donde todos fueron sobreseídos. Por su parte, el ex vicepresidente rechazó el planteo. Dijo que había ejercido su función "administrativa y política" y que "la temática abordada en la conferencia y en la denuncia fue de interés público y afirma que el Sr. Tabanelli es una personalidad pública. Según entendía, ello tornaría inaplicables las figuras de calumnias, injurias o acusación calumniosa sobre las que el demandante funda su reclamo".
El Estado también fue llamado a opinar en la causa: el Senado aseguró que "el entonces Vicepresidente no fue el primero, el único, ni el último en hablar del Sr. Tabanelli y las empresas Boldt", citó diversas notas periodísticas y opinó que "es falso que el accionante sea un empresario de trayectoria intachable, como da a entender en su demanda".
Ahora, después de demoras y dilaciones, la jueza Bracamonte analizó el caso, repasó lo ocurrido en esa conferencia de prensa y estableció que resulta "evidente que las expresiones del Sr. Boudou (esto es, la calificación pública de "mafioso" y la denuncia de una supuesta maniobra de ofrecimiento de dádivas) tuvieron sobrada entidad para lesionar el honor del Sr. Tabanelli, en especial si se pondera el contexto en el cual fueron realizadas tales manifestaciones (conferencia de prensa oficial de uno de los representantes de más alta jerarquía del Estado, en sede del Honorable Senado de la Nación y transmitida por cadena nacional).
La jueza también rechazó los argumentos en torno a la libertad de expresión de Boudou. "La calidad de funcionario público de tan alta jerarquía no amerita que su conducta sea analizada desde una óptica más laxa o tolerante (como resultaría de aplicar la doctrina de la Real Malicia), sino más estricta. Esa conclusión no es caprichosa, sino que se sustenta en lo dispuesto por el art. 902 del Código Civil derogado, que establece que 'cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos'".
"No puedo dejar de observar que la Vicepresidencia de la Nación es uno de los cargos públicos más relevantes de nuestro país. Y la trascendencia del cargo está inexorablemente vinculada a una exposición pública ineludible y a una natural propagación de la información desarrollada en los actos públicos, que el accionado conocía o tenía que conocer y que demandaba una mayor cautela en las expresiones utilizadas", afirmó
Fuente: Infobae
