Convocados por los legisladores, funcionarios y empresarios mineros dialogaron sobre los diversos aspectos del sector, como ser las inversiones en marcha, la legislación existente, mecanismos de participación y de fiscalización, así como las acciones conducentes a la capacitación del recurso humano y de los emprendedores locales que buscan integrarse como trabajadores o como proveedores del sector.
El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión, Sergio Ramos, junto a sus pares; Carlos Rosso; Sergio Saldaño; Dani Nolasco; Diego Cari; Leopoldo Salva; Javier Mónico; Sonia Magno; Héctor Calabró y Marcelo García. Por el Ejecutivo participaron la secretaria de Minería, Romina Sassarini; el subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo y por el sector empresario lo hicieron el presidente de la Cámara de Minería de Salta, Carlos Ramos y la gerente de la entidad, Marie Pierre Lucesoli.
Los senadores consultaron sobre una amplia temática referida a la actualidad de la minería en Salta, tanto en el aspecto empresarial como laboral, los controles, la capacitación, el impacto ambiental y social de la actividad, así como la legislación vigente. Además, tras una reciente recorrida de la Comisión por el proyecto “Posco” y de haber dialogado con vecinos de la Puna, trabajadores y proveedores locales, trasladaron una serie de inquietudes de la comunidad.
Al respecto, Sassarini detalló aspectos del Plan Minero Sustentable 2020-2030 y del auge de la actividad en Salta, que solo con el proyecto de oro “Lindero” ya ubicó a la actividad como el segundo complejo exportador de la provincia, a la espera del inicio de la explotación de tres proyectos de litio en 2024. También destacó la articulación entre los sectores público-privado y la apertura de instancias de participación de la ciudadanía.
Por su parte, López Morillo hizo referencia a la capacitación específica de recursos humanos locales que viene generando la provincia en articulación con las necesidades expresadas por las empresas. El plan minero tiene como eje la educación y Salta posee la mayor oferta de educación técnica del país con casi ocho mil egresados de escuelas técnicas por año, de los cuales casi la mitad están ligados a la demanda de la actividad minera, explicó.
Se refirió entre otros a oficios no tradicionales como operarios de perforación de pozos, auxiliares en construcciones básicas, especialistas en soldadura de membranas geotextil, conductores de camiones de gran porte, tractoristas, etc. Dijo que este año egresarán unas diez mil personas de los cursos y se trabaja en una página web para ampliar la bolsa de trabajo que ya existe, pero no tiene aún una amplia difusión. También se refirió a la capacitación itinerante sobre oficios básicos tradicionales que se hace mediante 7 aulas móviles.
Ramos se refirió a la Ley 8164 por la cual el sector empresario debe contratar entre un 40 y un 70% de mano de obra local, así como de bienes e insumos producidos en Salta. En ese sentido dijo que las empresas cumplen con esa legislación, resaltando la necesidad de capacitación del recurso humano y que las Pymes locales puedan elevar sus estándares. Pidió defender en conjunto la propiedad provincial de los recursos mineros, garantizada constitucionalmente y se refirió a los avatares económicos nacionales y su impacto en la previsibilidad del sector.
Sobre aspectos relacionados al impacto ambiental y social, Sassarini dijo que se trabaja en fiscalización, monitoreos participativos, consulta previa, audiencias y varias formas de participación transparente.
También se analizó la infraestructura existente y la planificación de obras viales, ferroviarias, de electrificación y de provisión de gas y energías alternativas.
En ese marco, el senador Salva anunció la presentación de un Proyecto de Ley para que el 3% de las regalías que percibe la provincia se liquiden según facturación en lugar de la declaración jurada vigente en la actualidad. Sobre ese aspecto se analizaron los distintos tributos que debe abonar el sector, tales como canon, tasas municipales, tasas de higiene y seguridad, indicando el sector empresario que la Nación se lleva el 83% de la carga impositiva del sector minero.
Finalmente se reiteró desde el Senado la necesidad de avanzar en explotaciones ambiental y socialmente sustentables que guarden respeto a las comunidades originarias y una mejora en los canales de comunicación.
