Con el fin de trazar un panorama de las acciones que lleva adelante la empresa REMSA S.A. en el marco del proceso de cambio de matriz productiva iniciado por la provincia a partir del desarrollo de la minería, su presidente Alberto Castillo, ofreció este miércoles un informe ante la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado.
Por el lado de los legisladores, encabezado por el presidente de la comisión, Sergio Ramos, participaron los senadores, Sergio Saldaño; Carlos Rosso; Dani Nolasco; Esteban D’Andrea; Alfredo Sanguino; Miguel Calabró; Walter Cruz y Javier Mónico; además del vicepresidente segundo de la empresa, Diego San Miguel y la concejal de Campo Quijano, Natalia Guerra.
Castillo explicó que Remsa (Recursos Energéticos y Minerales de Salta) se origina en 2008 cuando “Mina la Casualidad” cambia su denominación, habilitándola a prestar servicios al sector minero y a planificar obras de infraestructura con los excedentes. Posteriormente en 2014 la Ley de Procedimientos Mineros le otorga la competencia de licitar áreas mineras vacantes en la provincia; articulando el trabajo con la secretaría de minería de la provincia, que es el organismo que controla y con el juez de minas, que es quien otorga las concesiones.
Consideró que ese sistema de trabajo es el que ofrece a los inversores seguridad jurídica y convierte a la minería en una política de Estado, máxime cuando Salta se constituye como un reservorio de electromovilidad a partir de sus yacimientos de litio, cobre y níquel.
Para ello se trabaja con otras provincias constituyendo mesas sectoriales como la del litio y próximamente las del oro, la plata o el cobre, que por imperio de la Constitución “son recursos provinciales y no pueden ser nacionalizados ni declarados como recursos estratégicos”, señaló.
Para ello se acordó accionar desde las legislaturas provinciales y desde el Parlamento del Norte Grande para impulsar el tratamiento en el Congreso Nacional del proyecto de Ley de Certificado de estabilidad fiscal, para ganar previsibilidad a largo plazo.
Por otro lado, Castillo se refirió al desarrollo de obras de infraestructura por parte de REMSA como sub distribuidora de gas y mencionó el tendido de más de 580 km. de gasoductos como el Fenix; de la Puna y de Anta, que tienen como objetivo fortalecer la infraestructura provincial, mejorando la calidad de vida de los habitantes de las regiones aisladas y generando condiciones para el desarrollo de la actividad minera.
También dijo que se avanza en los proyectos ejecutivos de los gasoductos de los Valles Calchaquíes y La Viña-Guachipas; además de redes domiciliarias, contemplando el otorgamiento de créditos blandos para las conexiones domiciliarias.
En otro orden destacó el desarrollo de obras de energía fotovoltaica y renovable, rubro en el cual Salta está entre los 7 lugares en el mundo que ofrece las mejores condiciones para su desarrollo. “Olacapato genera 203 megavatios hora de energía fotovoltaica pero necesitamos fondos para obras de transporte de esa energía”.
También en materia de hidrocarburos mencionó la idea de recuperar la producción de pozos someros de petróleo en asociación con el sector privado.
Sobre esa misma línea, Castillo dijo que se analiza impulsar la participación del Estado provincial en futuros proyectos mineros a través del sistema Royalty, que le deje a la provincia algo más que el 3% que percibe en concepto de regalías mineras.
Por último, Castillo dijo que en 2024 comenzará la producción de litio en Salta, lo que sumado al proyecto Taca Taca, de extracción de cobre, demandarán gran cantidad de mano de obra que deberá estar calificada.
Para ello se trabaja en generar ofertas de capacitación con las universidades y la UPATECO. “Necesitamos capacitación para que la gente tenga oportunidades y consiga trabajo”, explicó.
Por su parte los senadores consultaron por el estado de obras que se realizan en distintos departamentos, destacaron la mirada federal con la que se implementó el plan de infraestructura y conectividad de Remsa y expresaron la unanimidad de criterios a la hora de diagramar políticas de estado en temas como agua potable, energía y minería.
