En sintonía con la medida impulsada por el Gobierno porteño para los alumnos del último año de la secundaria, la diputada nacional María Eugenia Vidal presentó una iniciativa denominada “Prácticas educativas obligatorias en el ámbito laboral”. La medida tiene como objeto crear un régimen destinado a los estudiantes del último año de nivel medio.
Esas prácticas laborales deberán estar relacionadas con su educación y formación, de acuerdo con la especialización u orientación que reciben y estarán controladas y bajo la supervisión del establecimiento educativo al que pertenecen.
Las prácticas educativas en el ámbito laboral serán entendidas como aquellas actividades formativas que realicen los estudiantes en organizaciones del sector público, privado, cooperativas, del tercer sector y organismos internacionales, según reza el proyecto, que establece que las mismas se llevarán a cabo mediante la concurrencia de los estudiantes a las organizaciones oferentes, bajo las modalidades y condiciones establecidas en la ley.
Este es nada menos que el primer proyecto presentado por la exgobernadora bonaerense, que deliberadamente busca extender a todo el país una medida que comenzará a aplicarse en la Ciudad de Buenos Aires a partir del próximo año y que ya ha despertado críticas de los gremios docentes, y hasta del propio ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, quien cuestionó las pasantías obligatorias para los alumnos afirmando que se trata en realidad de buscar “reemplazar trabajadores”. En declaraciones a la AM990, el funcionario sostuvo que “la función del sistema educativo es formar jóvenes y no reemplazar trabajadores”.
Más allá de esas críticas, la diputada Vidal puntualiza en su proyecto que el Ministerio de Educación nacional, a través del Consejo Federal de Educación, deberá fijar y/o adaptar las disposiciones necesarias para que las distintas jurisdicciones garanticen la incorporación en la propuesta curricular a las prácticas educativas en el ámbito laboral, como así también establecerá los mecanismos de evaluación y acreditación en acuerdo con las autoridades jurisdiccionales.
En caso de convertirse en ley, este régimen será de aplicación obligatoria y progresiva para los alumnos de la gestión estatal, privada y social, quedando excluidos los estudiantes de escuelas técnicas y agrotécnicas comprendidas bajo la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional.
María Eugenia Vidal sostiene en la norma que el objetivo de la misma es “incentivar en los estudiantes el valor del trabajo como dignificador del desarrollo humano integral y de las relaciones interpersonales; complementar el desarrollo académico con prácticas profesionales que contribuyan a ampliar los conocimientos y mejorar sus oportunidades de inserción laboral; contribuir al desarrollo de la vocación y facilitar el proceso de elección u orientación profesional futura; y adquirir nuevas habilitades que favorezcan la inserción y vinculación en la formación superior”.
La duración y la carga horaria de estas prácticas educativas serán definidas en función de las características y complejidad de las actividades a desarrollar, cumplimentando un mínimo de 120 horas anuales, con una carga horaria de hasta 15 horas.
El proyecto cuenta con las firmas de los diputados de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Carla Carrizo, Sabrina Ajmechet, Victoria Morales Gorleri, Camila Crescimbeni y Alejandro Finocchiaro.
En sus fundamentos, Vidal explica que las prácticas educativas “buscan generar un espacio formativo dentro de la cursada que permita a los estudiantes identificar el objeto de la práctica profesional como el conjunto de procesos técnicos, tencológicos, científicos, culturales, sociales y jurídicos que se involucran en la diversidad de situaciones socioculturales y productivas que se relacionan con un posible desempeño profesional”.
Fuente: Parlamentario
